El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos de la potencia ocupante. La República Argentina protestó inmediatamente ese acto de fuerza ilegítimo que aún se mantiene, sin consentirlo en momento alguno.
Desde el inicio mismo de su existencia como nación independiente, la República Argentina había exteriorizado a través de actos de gobierno la firme voluntad política de ejercer su soberanía efectiva en los territorios australes y espacios marítimos heredados de España.
Actualmente, a 190 años de esa ocupación ilegítima que aún continúa, el pueblo y el gobierno argentino reafirman una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional consagra el objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre dichos territorios y espacios marítimos, de conformidad con los principios del derecho internacional y respetando el modo de vida de los habitantes de las Islas Malvinas. Este objetivo es una política de Estado y responde al anhelo de todo el pueblo argentino.
Hace décadas que la comunidad internacional destaca a la Cuestión de las Islas Malvinas como una de las formas de colonialismo a la que debe ponerse fin e insta a la Argentina y el Reino Unido a encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica y duradera a la disputa de soberanía, a través de las negociaciones bilaterales.