"El régimen cubano retiene pasaportes, confisca salarios y restringe el movimiento de sus trabajadores en el extranjero”, afirmó el jefe de diplomacia estadounidense
Estados Unidos renovó este jueves sus acusaciones por «trata de personas» contra Cuba, después de que varias ONG denunciaran ante la ONU por «esclavitud» a las llamadas «misiones internacionalistas» cubanas, que el gobierno de la isla defiende como conductas solidarias.
«Trabajo Forzado es trata de personas», escribió en su cuenta de la red Twitter el jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols.
El funcionario advirtió que «el régimen cubano retiene pasaportes, confisca salarios y restringe el movimiento de sus trabajadores en el extranjero” y exhortó a “trabajar juntos para combatir la explotación laboral».
Las palabras de Nichols siguen a las de su jefe, el secretario de Estado Antony Blinken, que días atrás ubicó a Cuba en la lista de países involucrados en «la trata de personas».
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó el 26 de enero, también en un tuit, que las acusaciones estadounidenses «buscan empañar el esfuerzo solidario de la cooperación médica cubana, que salva vidas y cuyos méritos incuestionables reconoce la comunidad internacional».
A finales de enero el disidente José Daniel Ferrer y varias ONGs presentaron una denuncia contra la isla en la ONU y ampliaron la que interpusieron en 2019 ante la Corte Penal Internacional (CPI) por esclavitud y trabajo forzado.
Cuba vende servicios a terceros países a través de las llamadas «misiones internacionalistas» que incluyen trabajos de marinos y actividades médicas, de salud, enseñanza, ingeniería, arte, música y arquitectura.
Constituyen una fuente de ingresos clave para el país: en 2018 representaron entre el 40% y el 50% de su balanza de pagos en el exterior, según Prisoners Defenders, una de las entidades denunciantes, citada por la agencia AFP.
El Código Penal cubano establece que el empleado que cumple una misión en el extranjero se expone a una pena de privación de libertad de tres a ocho años si abandona la tarea o se niega a regresar una vez terminado.
De los 1.111 casos recogidos en la denuncia, 894 son testimonios protegidos y 217 públicos, y todos sufrieron la prohibición de los 8 años, pese a que muchos tenían o tienen hijos menores.
«Hoy en día, entre 5.000 y 10.000 padres cubanos no pueden ver a sus hijos durante ocho años debido a este procedimiento de ley en Cuba», protestó Prisoners Defenders.
La denuncia hace hincapié en lo que pasa en los cruceros, porque una empresa contrata cubanos, retiene sus pasaportes, puede quedarse hasta con el 80% de sus salarios y multa los “intentos de escape”.
Según Prisoners Defenders, los contratos difieren según el sector y el país, pero tienen características comunes: limitaciones personales como la obligación de dar a luz en Cuba en caso de embarazo, una remuneración neta líquida del 15% de lo que los países pagan por ellos y una cláusula de regreso obligatorio a Cuba.