Estados Unidos se apresura para reunir, antes del vencimiento del plazo el jueves, a las familias inmigrantes que fueron separadas al cruzar la frontera con México, pero cientos de casos no son «elegibles» para la reunificación y numerosos padres podrían haber sido deportados.
Las polémicas separaciones familiares comenzaron en mayo bajo la política de «cero tolerancia» del presidente Donald Trump, que provocó la detención masiva de los inmigrantes que entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo. Esto a su vez causó que miles de niños fuera separados de sus padres o tutores y enviados a refugios en todo el país.
Tal política provocó una oleada de condenas nacionales e internacionales, sobre todo después de que se divulgó un audio donde se escuchaba a niños pequeños llorando por sus papás, que en su mayoría estaban huyendo del crimen y la pobreza en Centroamérica cuando cruzaron la frontera.
Semanas después, el 20 de junio, el presidente republicano se retractó -algo inusual en él- y ordenó poner fin a las separaciones familiares, pero las reunificaciones desde entonces han ocurrido a cuentagotas. Padres e hijos estaban a miles de kilómetros de distancia y muchos adultos ya habían sido deportados sin sus niños.
Entonces un juez federal en California, Dana Sabraw, exigió que se resolviera este drama rápidamente y ordenó que todas las familias «elegibles» fueran reunidas antes de este jueves 26.
La secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, dijo el martes que el gobierno está «trabajando mano a mano» con el Departamento de Salud, que tiene la custodia de los niños.
«Tenemos la intención de reunir a todas las familias que podamos», comentó al canal Fox News.
El gobierno ha identificado a 2.551 niños de 5 a 17 años que pueden acogerse a la orden del juez Sabraw. También detalló que para el jueves espera reunir a las 1.634 familias que estima «elegibles».
Los otros 917 cayeron bajo la categoría de «inelegibles», según un informe judicial del gobierno divulgado el lunes. Esto significa que los vínculos familiares no han podido ser confirmados, o que los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados.
De ellos, 463 padres podrían estar fuera del país, algunos probablemente deportados sin sus hijos.
«Los otros 917 casos, incluyendo los 463 que pueden no estar en Estados Unidos, no serán reunidos antes del plazo», dijo Adam Isacson, de la ONG Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), a la AFP. «Le tocará al juez Sabraw decidir si aprueba esto o no».
Ubicar a estos padres en México o Centroamérica será un trabajo largo y arduo, advirtió Isacson.
«Hay por delante una tarea monumental. Primero necesitan una lista de los nombres de los padres deportados, que ICE aparentemente no tenía ayer (martes). Luego hay que localizar de alguna manera a personas que fueron desembarcadas en aeropuertos centroamericanos sin expectativas de volverlas a ver», explicó.