El fallo alegaba que el australiano de 49 años sufría problemas de salud mental que aumentarían el riesgo de suicidio si fuera enviado a Estados Unidos para ser juzgado
Estados Unidos apeló hoy el fallo de un juez británico que rechazó una solicitud de extradición del fundador de WikiLeaks, el periodista Julian Assange, para enfrentar cargos de espionaje por la publicación de documentos militares secretos hace una década.
El Departamento de Justicia estadounidense tenía tiempo hasta hoy para presentar una apelación del fallo del 4 de enero de la jueza británica Vanessa Baraitser, que alegaba que el australiano de 49 años sufría problemas de salud mental que aumentarían el riesgo de suicidio si fuera enviado a Estados Unidos para ser juzgado.
«Sí, presentamos una apelación y seguimos buscando la extradición», dijo a la agencia de noticias AFP el portavoz del Departamento de Justicia, Marc Raimondi.
La apelación dejó clara la intención del nuevo Gobierno estadounidense de Joe Biden acerca de que Assange sea juzgado por cargos relacionados con espionaje y piratería por la publicación de WikiLeaks de cientos de miles de documentos militares y diplomáticos estadounidenses.
Biden había sido presionado por grupos de defensa de los derechos humanos para que abandonara el caso, que pone sobre el tapete cuestiones sensibles sobre transparencia y libertad de prensa.
Después de que WikiLeaks comenzara a publicar secretos de Estados Unidos en 2009, la entonces administración de Barack Obama, en la que Biden era vicepresidente, renunció a continuar con el caso.
Assange dijo que WikiLeaks no era diferente a otros medios protegidos constitucionalmente para publicar tales materiales. Y procesarlo también podría significar procesar a las poderosas corporaciones de noticias por publicar material similar, abriendo las puertas a luchas legales que el Gobierno probablemente perdería.
Bajo el gobierno de Donald Trump, cuyo triunfo en 2016 contó con la ayuda de WikiLeaks que publicó documentos del Partido Demócrata que dañaron a su rival Hillary Clinton, el Departamento de Justicia construyó un caso de seguridad nacional contra Assange.
En 2019, en virtud de la ley de espionaje y leyes de delitos informáticos estadounidenses, el australiano fue acusado de varios cargos por conspirar y dirigir a otros para obtener y revelar ilegalmente secretos de Estados Unidos entre 2009 y 2019.
Al hacerlo, ayudó e instigó la piratería informática, ilegalmente expuso fuentes confidenciales estadounidenses y usó la información para dañar al país, según los cargos.
Si es declarado culpable de todos los cargos, Assange podría enfrentar una sentencia de prisión de 175 años. «Julian Assange no es un periodista», dijo el entonces secretario adjunto de Justicia, John Demers.
Los problemas legales de Assange comenzaron en 2010, cuando fue arrestado en Londres a pedido de Suecia, que quería interrogarlo sobre las acusaciones de violación y agresión sexual realizadas por dos mujeres.
En 2012, Assange saltó la fianza y buscó refugio dentro de la embajada ecuatoriana, donde estaba fuera del alcance de las autoridades británicas y suecas, pero también fue un prisionero en la pequeña misión diplomática.
La relación entre Assange y Ecuador se desgastó durante el gobierno de Lenin Moreno, alineado con Estados Unidos, y fue desalojado de la embajada en abril de 2019. La policía británica lo arrestó de inmediato por violar la fianza en 2012.
Suecia abandonó las investigaciones de delitos sexuales en noviembre de 2019 porque había pasado mucho tiempo, pero Assange ha permanecido en prisión durante su audiencia de extradición.
A principios de esta semana, 24 organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, instaron a Biden a abandonar el caso.
«Periodistas de las principales publicaciones de noticias hablan regularmente con fuentes, piden aclaraciones o más documentación, y reciben y publican documentos que el gobierno considera secretos», dijeron en una carta abierta.
«En nuestra opinión, el precedente de este caso podría efectivamente criminalizar estas prácticas periodísticas comunes».