No se trabaja jueves ni viernes por decisión del presidente Noboa, quien mencionó a "saboteadores" y ya cesó a una ministra
El Gobierno de Ecuador decretó la suspensión de la jornada laboral los días 18 y 19 de abril en todo el país, ante la crisis energética que enfrenta la nación sudamericana con el racionamiento de electricidad de hasta seis horas diarias.
La decisión, que rige para los sectores público y privado, la tomó el presidente Daniel Noboa a través de un decreto ejecutivo difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
Recuperación de la jornada laboral
«La jornada de trabajo suspendida (…) será recuperada en el sector público, a través de una hora adicional durante los días laborales subsiguientes», señala el decreto.
En tanto, la forma de recuperación en el sector privado será determinada de «mutuo acuerdo» por empleadores y trabajadores.
Rodó una cabeza ministerial
La decisión se produce un día después de que el mandatario decretó la emergencia en el sector eléctrico y removió a la ministra de Energía, Andrea Arrobo.
Desde el pasado 14 de abril, Ecuador comenzó a registrar en forma inesperada y recurrente cortes de luz en varias zonas del país, que según el Ministerio de Energía serían «desconexiones temporales».
Atribuyó la situación a la extensión de la sequía, la presencia de niveles de caudales mínimos en las centrales hidroeléctricas, el incremento de las temperaturas y la falta de mantenimiento a la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores.
¿Sabotaje?
El presidente ecuatoriano denunció el martes un presunto «sabotaje» en ciertas zonas y plantas eléctricas, de cara a la consulta popular del Gobierno que se llevará a cabo el próximo 21 de abril, informó la agencia de noticias Xinhua.
Este miércoles, el Gobierno indicó en un comunicado que una investigación preliminar apunta que funcionarios del Ministerio de Energía «ocultaron intencionalmente» información para el funcionamiento del sistema energético.
Aseveró que los cortes de energía no sólo respondieron a circunstancias ambientales, sino a «actos inauditos de corrupción y negligencia».