Especialistas en política exterior analizaron la situación que se vive en el país sudamericano
Por Juan Martín Porto – Télam
La ola de violencia desatada en Ecuador esta semana expone un país atravesado por el poder narco y el crimen organizado, que, con rasgos amenazantes para la seguridad pública, la estabilidad de la institucionalidad democrática y la soberanía, pone a esa nación latinoamericana ante el peligro de convertirse en un narcoestado.
A esta y otras conclusiones arribaron especialistas consultados por Télam a la hora de explicar el impacto que tuvo en Ecuador la internacionalización de bandas narco vinculadas a carteles de México y Colombia, cuyo accionar hizo que en pocos años ese país pasara a ocupar un lugar clave en el comercio internacional de drogas.
La última escalada de violencia, que se desató el lunes tras la fuga del líder de una de las principales bandas narcos del país y dejó ya 14 muertos y centenares de detenidos, derivó en que el presidente Daniel Noboa declarase el estado de «conflicto armado interno» y movilizara a las Fuerzas Armadas para «neutralizar» el accionar de una veintena de organizaciones.
La extensa costa en el océano Pacífico, las permeables fronteras con Colombia, una deficiente respuesta estatal, corrupción institucional, aspectos socioeconómicos y dolarización forman parte del menú que, con matices, los analistas ubican como parte de los factores que incidieron en el anclaje del narcotráfico en esa nación latinoamericana.
Para Hugo Ortiz Puebla, analista político y consultor ecuatoriano, la «geografía estratégica» del Ecuador «ofrece rutas ideales» para el tráfico de sustancias ilícitas y el «acceso a mercados internacionales», condiciones aprovechadas por carteles mexicanos, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que «utilizan lanchas rápidas y otras embarcaciones para el tráfico de estos productos».
Desde la misma perspectiva, Julio Burdman, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París, señala que «la paradoja de Ecuador es que sin ser un país productor de drogas, pasó a tener fuerte presencia de narcotraficantes, origen en buena parte del desborde que vive en la actualidad».
Las «deficiencias en la respuesta estatal, incluyendo la falta de recursos y la corrupción en algunas instituciones», es otro de los motivos que para Puebla inciden en la hasta ahora «débil capacidad del Estado» para combatir «eficazmente el narcotráfico».
Todo ello -analizó- sobre la implicancia de aspectos socioeconómicos presentes en algunas empobrecidas poblaciones costeras, a excepción de Guayaquil (capital portuaria), o de regiones limítrofes con Colombia y Perú, «propensas a sumergirse en actividades ilícitas» en una relación de «dependencia económica» con estas redes criminales.
«Es probable que el decrecimiento de la presencia estatal desde el fin la época de (el expresidente) Rafael Correa en adelante, así como una economía dolarizada constituyan factores que incidieron en el aumento de la presencia del narco en el país», en los últimos años, arriesgó Puebla.
Para Burdman, la dolarización implantada por el presidente Jamil Mahuad en el año 2000 supone un factor que «facilitó el desarrollo de mecanismos de lavado de dinero de la droga en Ecuador y eso trajo consigo la radicación de delincuentes vinculados al narcotráfico».
Ortiz Puebla, sin embargo, evaluó que, lejos de haber una respuesta sencilla, el eje de este problema en Ecuador es que desde hace unos años pasó de ser «un país de tránsito de drogas a un centro de distribución, con presencia de laboratorios de procesamiento», bajo la influencia de los carteles mexicanos y el colombiano Frente Oliver Sinisterra (FOS), «cercano a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)».
El especialista explicó que desde hace algún tiempo esos carteles «establecieron redes logísticas en el país, convirtiéndolo en un lugar clave para el almacenamiento, procesamiento y redistribución de drogas, lo que intensificó su rol en el narcotráfico internacional».
Lo mencionado configura a Ecuador como una «autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa» con la comercialización de «más de un tercio» de la producción total de esa sustancia proveniente de Colombia, precisó.
A este panorama -dijo- se suma la «atomización del crimen organizado», que permitió la «proliferación de organizaciones más pequeñas y transnacionales, sobre todo después del asesinato de Jorge Luis Zambrano Gonzáles, alias Rasquiña, en diciembre de 2020, quien comandaba la banda delincuencial de Los Choneros, la cual tenía el control sobre las cárceles y demás negocios ilícitos en el país».
El homicidio de alias Rasquiña desató entonces una guerra entre otras bandas menores como Los Lobos, Los Chonekillers y Los Tiguerones, todas ellas bajo el mando del Zambrano.
Los Choneros, junto a Los Lobos y Los Lagartos son las tres principales bandas que dominan el escenario del crimen organizado en ese país.
Aunque Ecuador no tiene un historial tan extenso de violencia relacionada con el narcotráfico como Colombia, México y Perú, la situación actual es «realmente alarmante», y representa un «desafío importante para la seguridad tanto nacional como regional», juzgó Puebla.
Este complejo mapa delictivo hizo que el presidente Noboa -que asumió el 23 de noviembre- decretara el estado de excepción.
Posteriormente, tras la escalda de violencia de los últimos días, que incluyó un ataque televisado a uno de los medios públicos más importantes del país, TC Televisión, elevó la respuesta gubernamental al declarar el estado de guerra, categorizando a todas las bandas criminales como terroristas.
Este decreto reconoció la existencia de un conflicto armado interno, lo que le permitió movilizar a la totalidad de las fuerzas armadas.
«Las medidas tomadas por Noboa reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta firme y coordinada», aunque también «plantean desafíos significativos», ya que la «efectividad de la militarización en la lucha contra el narcotráfico es un tema de debate», indicó Puebla.
Desde otra mirada, Burdman señaló que las «durísimas medidas» de Noboa suponen una «decisión gubernamental que precipitó también todo este estado de crisis».
La «colaboración y la corrupción del narcotráfico vinculada con la justicia y otras instancias del Estado» son, según Puebla, otros de los desafíos centrales que enfrenta el Gobierno ecuatoriano.
A ello apuntó Noboa, cuando en un mensaje, el miércoles pasado, avisó a jueces, fiscales y miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que su gobierno considerará como parte de «grupos terroristas» a quienes colaboren con ellos.
Para Puebla, la advertencia de Noboa «sugiere que hay una preocupación legítima sobre la infiltración de estas entidades por parte de organizaciones narcotraficantes».
Prueba de ello -dijo- es «la fuga de información desde los altos mandos del Estado a las organizaciones narcotraficantes evidenciada en el escape (detectado el domingo pasado) de Adolfo Macías, alias Fito», líder de Los Choneros, que estaba recluido en una cárcel guayaquileña y la posterior fuga de Fabricio Colón Pico, jefe de Los Lobos.
Ante ese alarmante escenario, tomando un concepto del fallecido sociólogo e investigador peruano Francisco Durand, Puebla juzgó que «el reto que enfrenta Ecuador es multifacético, abarcando no solo la lucha contra los carteles y la violencia, sino también el riesgo de la captura del Estado por estos grupos».
Bajo esa perspectiva, opinó que la «influencia» de los carteles de narcotráfico en Ecuador pone «en riesgo para la seguridad pública, la democracia, la gobernabilidad y la soberanía» y ubica al país ante el peligro de convertirse en un narcoestado, donde el narcotráfico ejerza una influencia significativa sobre las decisiones y operaciones del Gobierno».