Una comisión investigadora de la ONU presidida por el argentino Santiago Cantón concluyó, en un informe presentado hoy, que la represión militar israelí de las protestas que los palestinos realizan en la frontera de la Franja de Gaza desde el año pasado dejó 189 muertos y podría constituir un «crimen de guerra o contra la humanidad».
Entre los asesinados hubo 35 niños, mientras que otros tres eran trabajadores sanitarios y dos periodistas claramente señalados como tales, según las conclusiones de la comisión, que fueron presentadas por Cantón, secretario de Derechos Humanos bonaerense, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
El gobierno palestino dio la bienvenida al informe y dijo que era hora que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, que investiga casos de presunto genocidio y crímenes de guerra, «abra inmediatamente una investigación sobre estos hechos», pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó las acusaciones en duros términos.
«Hay bases razonables para creer que durante la Gran Marcha del Retorno los soldados israelíes cometieron violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria, en algunos casos constitutivas de crímenes de guerra o contra la humanidad», dijo Cantón en rueda de prensa.
El argentino agregó que estas violaciones deben ser inmediatamente investigadas por Israel».
El informe también criticó al movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna en Gaza y que organizó las protestas, por no impedir el uso de barriletes incendiarios durante las marchas.
Sin embargo, Netanyahu rechazó la validez del informe y dijo que «marca nuevos récords de hipocresía y mentiras por el odio obsesivo a Israel».
«Los soldados del Ejército seguirán defendiendo a los israelíes contra los ataques» de Hamas y de «las organizaciones islamistas financiadas por Irán», agregó.
Para las autoridades palestinas, el informe confirma que «Israel comete crímenes de guerra contra» el pueblo palestino «en Gaza, Cisjordania y Jerusalén».
«Es hora de responsabilizar a Israel por estos crímenes», declaró la oficina del presidente palestino, Mahmud Abbas, en un comunicado, en el que se agrega que Israel no puede seguir actuando como «un estado por encima de la ley».
De acuerdo con el informe de la comisión, creada en mayo de 2018, en el transcurso de meses de protestas, francotiradores militares israelíes dispararon contra miles de manifestantes desarmados al otro lado de la valla que separa Israel del enclave palestino, causando cerca de 10.000 heridos.
Las marchas, que suelen congregar decenas de miles de personas, comenzaron el 30 de marzo de 2018 y continuaron desde entonces -normalmente cada viernes- para exigir que los refugiados palestinos y sus descendientes puedan ejercer su derecho de retorno a Israel, además del fin del bloque israelí de Gaza.
Varios de los peores sucesos se produjeron en la primera marcha, realizada el 30 de marzo de 2018, con al menos 18 muertos y 700 heridos, y el 14 de mayo, cuando las marchas coincidieron con el traslado a Jerusalén de la embajada de Estados Unidos ante Israel y hubo 60 fallecidos y 1.100 personas heridas.
Las cifras que maneja la ONU en el informe son inferiores a las denunciadas por las autoridades gazatíes, que hablan de alrededor de 300 fallecidos y 24.000 heridos en 11 meses de protestas.
Aludiendo a los 35 niños muertos, otro de los miembros de la comisión, la bangladeshí Sara Hossain, dijo que «no hay justificación» ya que éstos «no suponían ninguna amenaza a las personas a su alrededor».