Por: Fernanda Vallejos
La inflación de los primeros nueve meses de 2021 acumula 47,2%. Los rubros que más subieron fueron prendas de vestir y calzado (66,1%), transporte (54,7%), recreación y cultura (49,9%), y alimentos y bebidas no alcohólicas (49,5%).
Si bien en el marco de la pandemia hubo una desaceleración en el aumento de los precios, la re-aceleración se hizo ostensible entre octubre de 2020 y marzo de 2021. La desaceleración posterior se interrumpió en septiembre, con un registro mensual de 3,5% y de 52,5% interanual. Es importante, sin dudas, comprender las causas del fenómeno para poder atacarlas.
También porque un análisis racional permite separar los aportes de la ciencia económica a la resolución de un problema de enorme sensibilidad social y política, de los planteos de cierto «esoterismo» económico que los datos empíricos se ocupan, por sí mismos, de poner en su lugar.
Esto mismo es útil para comprender que lo que subyace por detrás del debate sobre la inflación, sus causas y sus remedios, es una disputa esencialmente política, es decir una disputa de poder, para nada abstracta: lo que se discute, en el fondo, es quién se queda con la parte más grande la torta de la economía.
Ya en la segunda mitad de 2020 comenzamos a observar un proceso de crecimiento de los precios internacionales, especialmente de la energía (petróleo, gas natural y carbón), los alimentos (cereales y aceites), que, como se sabe, son «bienes salario», y los minerales (hierro, aluminio, estaño y cobre), que operan como insumos difundidos para la producción industrial.
Durante los primeros ocho meses de 2021 los precios de estos bienes treparon, en dólares, 82,1%, 29,4% y 35,3%, respectivamente, comparados con igual período del año anterior. Según la FAO, el incremento interanual de los precios de los alimentos en septiembre alcanzó a 32,8% en dólares.
Este elevado incremento responde, principalmente, a la evolución del precio de los aceites vegetales: 61,2% en septiembre de 2021 respecto a igual mes del año anterior y 74,4% en el acumulado del año; los cereales: registraron un incremento de casi el 30% en los primeros nueve meses de 2021 respecto a igual período del año anterior; y el azúcar: en septiembre el aumento interanual en dólares fue de 53,5%, mientras que, en lo que va de 2021, registra un incremento acumulado de 38% interanual.
Este proceso, principal impulso inflacionario durante el corriente año, ante la insuficiente de instrumentos de desacople de precios domésticos de los internacionales, buscó ser compensado con una menor tasa de devaluación (uno de los principales motores de la inflación de 36% en 2020) y la contención de las tarifas de los servicios públicos.
La persistente caída del poder de compra de salarios e ingresos de los trabajadores, principales perdedores tanto durante el periodo macrista como durante la pandemia, impulsó una renovada lucha de los trabajadores por recuperar algo de las pérdidas acumuladas en los últimos cinco años, tanto en el marco de las paritarias, para el caso de los trabajadores formales, como sobre otros ingresos.
Ese contexto resultó propicio para una acelerada propagación inflacionaria, donde los empresarios se muestran dispuestos a congelar una distribución del ingreso profundamente regresiva, a fuerza de absorber, por la vía de aumentos permanentes de precios, cualquier mejora conquistada por los trabajadores.
En ese escenario es difícil no advertir, asimismo, las capacidades diferenciales de formación de precios que tienen los actores económicos en el marco de las pugnas por la distribución del ingreso y las presiones que ejercen los precios mundiales.
Así, los precios al consumidor (IPC) aumentaron considerablemente menos que los mayoristas (IPIM): los precios mayoristas de los cereales y oleaginosas y el de los aceites aumentaron 90,7% y 111,3%, respectivamente, en lo que va del año cuando esos productos o sus derivados lo hicieron en 36,6% y 42,3% en la medición minorista.
Además de los aceites (111,3%) y los cereales y oleaginosas (90,7%), la evolución de los precios de los insumos difundidos es también notable: las sustancias plásticas y elastómeros treparon 92,6%, los productos siderúrgicos (se destaca el hierro y el acero), 70,9% y los minerales no ferrosos (especialmente el aluminio), 54,9%.
Los oligopolios que lideran esas actividades registraron una importante recomposición de sus niveles de rentabilidad: Ternium Argentina declaró utilidades netas por el 40,1% de las ventas en el primer semestre de 2021 cuando, en el mismo período del año anterior, había registrado pérdidas contables del 1,5%; Aluar pasó de -6,7% a 8,8% de utilidades sobre ventas; Molinos Río de la Plata, después de un buen primer semestre en 2020 (2,9%), aumentó su rentabilidad a 3,6% sobre ventas en el mismo período de este año.
A veces, los números hablan por sí mismos. Lo cual, de no ser por la obtusa insistencia de los dogmáticos de la ortodoxia que acaparan las pantallas de TV y las páginas de la prensa gráfica, debería eximirnos de abundar en mayores explicaciones.
Sin embargo, correremos el riesgo de la redundancia, ya que no parece suficiente el hecho de que el propio Milton Friedman haya admitido, hace casi dos décadas, el fracaso de la teoría monetarista de la inflación que él mismo acuñó, o la reiterada y abrumadora evidencia empírica en su contra, sin ir más lejos, el local y reciente experimento macrista de la «emisión cero» de 2018-2019, que nos dejó, en el cierre del mandato de Juntos por el Cambio, con la inflación más elevada en tres décadas (54%).
Así las cosas, habiendo señalado las causas de la inflación en nuestro país, hay que decir, con toda claridad, cuáles no lo son, empezando por el hecho de que la base monetaria se ubica, en términos reales, en niveles inferiores a los de 2019, y que en las últimas horas incluso se conocieron los resultados fiscales que echan por tierra la muletilla de la «fiesta populista» y el pretendido «gasto público descontrolado».
De acuerdo con los datos de difundidos por el Ministerio de Economía, el Resultado Primario arrojó, en septiembre, un superávit de $291.428 millones, que, al considerar el gasto ocioso del pago de intereses de la deuda ($54.177 millones), muestra un Resultado Fiscal también superavitario por $237.251 millones.
Para el acumulado de los primeros nueve meses de 2021, el déficit primario resulta de $140.974 millones, equivalente a apenas el 0,43% del PBI, una cifra muy inferior al proporcional que surge de la ley de presupuesto que prevé un déficit primario de 4,31% del PBI para todo el año.
En el mismo sentido, el déficit total (con el pago de intereses) asciende a $633.304 millones, equivalente al 1,96% del PBI, de nuevo, proporcionalmente muy por debajo a lo que correspondería conforme las previsiones presupuestarias que fijaban un déficit total de 5,88% para los 12 meses de 2021.
Esto, lejos de tener connotaciones positivas en términos de política económica, sí pone punto final a los argumentos del monetarismo fiscal. En lo que va del año, apenas se ejecutó el 7,54% del déficit primario presupuestado, y el 25,86% del déficit total.
Por su parte, el gasto del sector público, que representó el 25,96% del PBI en 2020, acumula, en nueve meses de 2021, el equivalente al 21,87% del PBI, en tanto la previsión presupuestaria lo ubica, para todo 2021, en 22,37%, un recorte interanual de 3,59 puntos porcentuales respecto de 2020.
En tanto, las previsiones presupuestarias para 2022, hablan de un nuevo ajuste del gasto para llevarlo a 21,92% del PBI, es decir, un nuevo recorte de 0,45 puntos porcentuales.
Volvamos, entonces, a las verdaderas causas de la inflación. Y, especialmente, a la cuestión de fondo de lo que, en este preciso momento, se debate en nuestro país: la puja distributiva.
Mostramos más arriba la recomposición de los márgenes de ganancias que, lejos de acotarse a la casuística, puede observarse como fenómeno general, de acuerdo con el INDEC.
El excedente de explotación del sector privado (las ganancias del capital) pasó del 47% al 50,9% entre el segundo trimestre de 2020 y 2021, un incremento de 4 puntos porcentuales.
Como contracara, la remuneración del trabajo asalariado cayó, en el mismo periodo, del 49,8% al 40%, un desplome de casi 10 puntos porcentuales.
Aquí deben buscarse las razones que sustentan la decisión del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, al impulsar el congelamiento del precio al 1 de octubre de 1.432 productos básicos por 90 días.
Una medida absolutamente razonable para una economía con 35% de capacidad instalada ociosa, 9,6% de desocupación, 8,5% de subocupación demandante y 17% de ocupados demandantes de empleo, o sea, con una enorme cantidad de recursos ociosos que hacen posible la expansión de la oferta y, con ella, el sostenimiento y aun la mejora de la facturación de las empresas a partir del incremento
en el volumen producido y vendido, en lugar de apelar al permanente incremento de precios.
Mucho más razonable resulta cuando pensamos en el 40,6% de pobreza (más otra franja de la sociedad que, sin entrar en esas estadísticas, no cuentan con ingresos suficientes para alcanzar un nivel de vida digno).
Sin embargo, como señalamos en la apertura de la columna, estamos asistiendo a una disputa de poder donde, indudablemente, ninguno de estos elementos forman parte de la ecuación de quienes no están dispuestos a compartir con los trabajadores la mayor porción del ingreso nacional de la que se apropiaron.
Hay una última consideración que no podemos omitir en el análisis: cuando la ciudadanía votó en 2019 para eyectar al macrismo del Gobierno (situación que no se alteró en las PASO de septiembre en la medida que ese espacio político mantuvo constante su caudal electoral) votó, precisamente, por un cambio de políticas que permitiese recomponer la posición de los salarios, jubilaciones e ingresos, profundamente deteriorada en el contexto de la política fuertemente regresiva impulsada por aquel Gobierno.
Por ello, cuando los sectores que se apropian de una mayor porción del ingreso nacional, imponen su poder fáctico para limitar la acción del Estado en contra de la voluntad popular, estamos también frente a un debate donde se pone en juego la democracia misma.
La democracia formal queda vaciada de contenido cuando, de facto, el poder económico impide el desarrollo de las políticas que el pueblo elige en las urnas. En el fondo, la lucha es profunda y es cotidiana: democracia o corporaciones. Elijamos la democracia.
(* – Fernanda Vallejos es diputada nacional del Frente de Todos y economista).