Según denuncian, afectará a “cientos de personas con discapacidad” que asisten a instituciones, consultorios, transporte, centros de día, centros educativos terapéuticos, escuelas y hogares
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se declaró en alerta tras conocerse el DNU del gobierno nacional que “rompe con un sistema que permite el acceso a las personas con discapacidad con cobertura social en igualdad de condiciones”, señalaron desde el espacio.
Desde Santa Fe lo sectores que son parte de dicho foro son los transportistas nucleados en Atraes y la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis).
Por lo pronto, Pablo Bolego, presidente de Atraes, anticipó que se viene una gran movilización en Rosario y a nivel nacional.
En tanto, Mariel Chapero, de Apridis, alertó que el Sistema Único de Prestaciones “se va a concentrar en aquellos prestadores de servicios de mayor tamaño que podrán adaptarse y resistir este proceso selectivo; en cambio los prestadores más pequeños, probablemente más jóvenes en sus trayectorias y cuya labor es fundamental en el interior del país van a sucumbir en el camino”.
Ambos referentes coincidieron que el DNU afectará a “cientos de personas con discapacidad” que asisten a instituciones, consultorios, transporte, centros de día, centros educativos terapéuticos, escuelas, hogares, etc.
Para poner en contexto, el pasado viernes 10 se conoció un proyecto de decreto que establecería lo siguiente: “Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente – y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad.”
Cabe indicar que actualmente existe un nomenclador en donde se especifican las prestaciones establecidas por la Ley 24.901 y el arancel que le corresponde a cada una y que los diversos entes que dan cobertura (obras sociales, prepagas, Pami, Incluir Salud) están obligados a pagar en su totalidad con sus propios recursos económicos (las obras sociales a partir de lo que aportan los trabajadores y empleadores, las prepagas con las cuotas que pagan las personas que contratan su cobertura, el Pami con lo que recauda de todos los empleados y jubilados e Incluir Salud con el presupuesto que proviene del tesoro nacional).
“Estos aranceles se deberían ir actualizando según la inflación y los sueldos que establecen los sindicatos”, señalaron desde el Foro.
El organismo responsable de esta tarea es el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad que está conformado por representantes del Pami, de la Agencia Nacional de Discapacidad, de Incluir Salud, de la Superintendencia de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de dos representantes de los prestadores y del Consejo Federal de Discapacidad (con voz y sin voto).