En Rosario la concentración será desde las 10.30 en una jornada nacional organizada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad
La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) concentrará este miércoles 29 en el Monumento a la Bandera desde las 10.30 para sumarse a una jornada nacional de lucha del sector en rechazo del proyecto de decreto del Gobierno nacional que desregula los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad.
Desde Apridis participaron en los últimos días de la conferencia que ofreció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad donde todo el abanico de organizaciones e instituciones alertó sobre “el daño” que causará al sector de oficializarse el DNU.
Concretamente dicho DNU presidencial determina que “los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente y no vinculante entre ellos los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad”.
Actualmente existe un nomenclador en donde se especifican las prestaciones establecidas por la dicha ley 24.901 y el arancel que le corresponde a cada una y que los diversos entes que dan cobertura “de avanzar el DNU cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fijará por su cuenta los aranceles para cada prestación”, reiteraron desde Apridis.
“Creemos que dejar en manos de los organismos financiadores del sistema puede generar la fijación del arancel que ellos mismos van a tener que pagar, va a generar la ruptura de un logro fundamental que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales inscriptos en la Superintendencia de servicios de salud sin importar su situación económica, mientras cuenten con el certificado único de discapacidad y una cobertura a través de una obra social, del PAMI, de la prepaga o de Incluir Salud”, plantearon del el Foro Nacional.
«Se puede retrotraer a la situación que se vivía antes de que existiese la Ley 24.901. En ese momento había obras sociales que reconocían pagar algo y otras poco o nada y así ciertas personas con discapacidad recibían una atención o no según la obra social que tenía”, advirtieron.
“Esto sucede hoy con ciertas obras sociales provinciales que no reconocen el nomenclador nacional o con aquellas que suelen tardar mucho en pagar”, agregaron.
«Actualmente el atraso arancelario que sufre el sector (un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones para ponerse a la altura de los aumentos que se han generado desde diciembre 2023) se debe a que la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra los recursos económicos de las obras sociales para cubrir estas prestaciones, dice no poder pagar más que esto por estar en crisis económica”, indicó el comunicado del Foro.
Ante este horizonte los sectores en discapacidad se preguntaron: «¿Qué hay detrás de esta medida? ¿Qué fue lo que se evaluó para decidir tomar este camino? ¿En qué se ve beneficiado el Estado? ¿A quién consultaron para definir esta propuesta? La tan nombrada desregularización de los servicios para que se reconozcan los costos de los mismos, se la aplica en esta área de manera muy especial: el que va a pagar es quien fija lo que se paga”, completaron.
