Este martes en el Congreso se aprobó un emplazamiento para que la Comisión de Presupuesto brinde dictamen para llevar la iniciativa a recinto el 23 de abril
El martes en la Cámara de Diputados del Congreso la oposición logró romper el bloqueo que La Libertad Avanza viene realizando para impedir una mejora en la situación de las personas jubiladas y con discapacidad.
En ese marco, los sectores que trabajan con personas con discapacidad celebraron que se haya dado un paso muy importante para la declaración de la emergencia en discapacidad.
En Santa Fe, han trabajado la iniciativa los transportistas nucleados en Atraes y las instituciones que conforman Apridis.
Por lo pronto, este martes se emplazó a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, quien se resistía a ponerla en debate, a abordar el tema y brindar dictamen el próximo 23 de abril.
Pablo Bolego, presidente de Atraes, explicó que la aprobación en Diputados “es para que la comisión de Presupuesto trabaje el próximo miércoles 23 de abril a las 12 este proyecto de emergencia en discapacidad y es muy importante porque viene a solucionar un tema que el campo de la discapacidad viene padeciendo como es el brutal ajuste del gobierno nacional”.
Emergencia en discapacidad
La iniciativa es del diputado Daniel Arroyo para declarar la emergencia. En ese sentido detalló que sólo falta el dictamen de Presupuesto y Hacienda, ya que Salud Pública y Discapacidad pudieron avanzar. «El sistema está totalmente desacomodado. Hay una caída profunda de las prestaciones y la atención», aseguró y cuestionó el maltrato reiterado del Gobierno. Advirtió que iniciaron una auditoría hace 15 meses y que al ritmo que llevan tardarían unos 5 años más para completarla.
El apoyo se logró gracias a los votos de UxP, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el FIT. Del otro lado quedaron La Libertad Avanza, el PRO y el MID. La UCR, otra vez, jugó entre la abstención y el ausentismo.
Por lo pronto, la iniciativa busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.