Aunque el Gobierno nacional prometió ante la Justicia comenzar a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, organizaciones esgrimen que usuarios y prestadores ya no pueden seguir esperando
La situación de las personas con discapacidad y de las instituciones que brindan prestaciones atraviesa un momento de extrema preocupación. Si bien el Gobierno nacional presentó un escrito ante la Justicia federal de Campana comprometiéndose a iniciar la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, las organizaciones del sector desconfían de los tiempos y de la voluntad real del Ejecutivo, especialmente tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su reducción a una secretaría dependiente del Ministerio de Salud.
La respuesta oficial llegó sobre el límite del plazo fijado por el juez Adrián González Charvay, quien había intimado al Gobierno a asignar los fondos necesarios para la ley, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas a ministros y funcionarios nacionales. A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo solicitó más tiempo para cumplir con la norma.
Sin embargo, desde el colectivo de organizaciones que impulsaron el amparo judicial advierten que la realidad cotidiana no admite más demoras. Así lo expresó Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis), en declaraciones a Radio UNR.
“El Gobierno plantea esto como una cuestión organizativa, pero hoy la situación no permite cumplir con los compromisos que tenía la Andis. Deberíamos haber cobrado en diciembre y no pasó, no por falta de presupuesto sino por falta de personal y por la burocracia del Estado”, señaló.
Chapero remarcó que, si bien la causa judicial sigue su curso y las apelaciones del Gobierno continúan, la ley debe aplicarse de manera urgente. “Dicen que necesitan tiempo, pero las instituciones, los prestadores y las personas con discapacidad ya no tienen ese tiempo. Las prestaciones se dejaron de brindar y los problemas se van a ir incrementando”, advirtió.
Entre las principales deudas del Estado, la titular de Apridis enumeró la falta de recomposición de pensiones, pagos atrasados y dificultades de acceso al sistema de prestaciones. “No estamos hablando de beneficios extra, sino de condiciones mínimas para sostener los servicios y garantizar la subsistencia de quienes los reciben”, afirmó.
La crisis también impacta directamente en los usuarios. “Hay personas que buscan prestadores y no los encuentran, otras que se quedan sin obra social y, por lo tanto, sin acceso a prestaciones que no existen en el sistema público”, explicó Chapero.
Finalmente, alertó sobre un proceso de concentración que se profundiza con el retiro del Estado. “Este abandono genera la ley del más fuerte: sobreviven los prestadores grandes y desaparecen las instituciones pequeñas. Muchas cierran porque no pueden afrontar alquileres ni inversiones básicas en accesibilidad y seguridad. Así, el sistema termina dejando afuera a quienes menos posibilidades tienen”, concluyó.