Se trata de Jordi Sánchez, entonces líder de la asociación independentista ANC, y Jordi Turull, que ejercía como consejero en el gobierno autonómico catalán. Ambos están acusados de un «delito de rebelión» tras la organización del referéndum del 1 de octubre y la proclamación de independencia del 27 de octubre de 2017. «No les aconsejé esta acción. Se trata de una decisión de mis clientes y cuentan con todo mi apoyo. Hacen una huelga de hambre para denunciar su situación», declaró su abogado Jordi Pina durante una rueda de prensa este sábado por la mañana en Barcelona. «Les he explicado los riesgos sobre su salud. Han tomado una decisión individual, reflexionada y libre», afirmó Jaume Padrós, presidente del colegio de médicos de Barcelona, que intervino en la misma rueda de prensa. En un comunicado leído por su abogado, Sánchez y Turull acusaron el Tribunal Constitucional español de bloquear sus peticiones contra su detención provisional para que no lleguen hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pina aseguró que no sabe si también «harán huelga de hambre» los otros cinco dirigentes catalanes encarcelados en el centro penitenciario de Lledoners, situado a 70 kilómetros al norte de Barcelona. «De momento solo decidieron hacerlo Jordi Sánchez y Jordi Turull», añadió. El Tribunal Supremo español procesó en octubre de este año a 18 dirigentes independentistas catalanes. El juicio debería celebrarse a principios del 2019, según las previsiones. – «Una medida drástica» El anuncio de la huelga de hambre se produce el día después de que la asociación independentista Omnium publicara la primera imagen de los siete dirigentes catalanes encarcelados en Lledoners. Esta fotografía, presente este sábado en las portadas de todos los diarios catalanes, muestra a siete hombres sonriendo y vestidos con piezas de ropa modestas en el patio de la cárcel. El presidente autonómico catalán, Quim Torra, expresó «su solidaridad» hacia los dos prisioneros en huelga de hambre, en un comunicado transmitido el sábado. «Se trata de una medida contundente y drástica porque nos encontramos ante la vulneración completa de los derechos de la ciudadanía, de los derechos civiles y políticos y del respeto al marco legal de que se ha dotado el propio estado español», afirmó el dirigente nacionalista catalán. Torra denunció que «se está aplicando el derecho penal como venganza, estableciendo una legalidad ad hoc para atacar la disidencia política». En cambio, el gobierno español defendió que los dirigentes catalanes serán juzgados de forma justa y sus derechos serán respetados. «Se puede respetar su decisión personal (de los dirigentes catalanes en huelga de hambre), pero todos somos iguales ante la ley con las garantías de la Justica y de un Estado de derecho», declaró la vicepresidenta española, Carmen Calvo, ante la prensa española. – Nueve dirigentes encarcelados Nueve dirigentes independentistas catalanes se encuentran actualmente encarcelados de forma provisional, entre los cuales hay el exvicepresidente del gobierno autonómico catalán Oriol Junqueras. La fiscalía española los acusa de delitos de «rebelión», «sedición» o «malversación de fondos públicos», y en sus conclusiones preliminares solicitó penas de cárcel de entre 7 y 25 años. Después de organizar un referéndum de autodeterminación prohibido el 1 de octubre de 2017, los separatistas catalanes proclamaron el 27 de ese mes una efímera república independiente. El gobierno español, entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy, abortó la secesión destituyendo en cuestión de horas al gobierno de Puigdemont, disolviendo el Parlamento y tomando el control de esta región de 7,5 millones de habitantes. Días después, el expresidente catalán Carles Puigdemont y parte de su gobierno se instalaron en Bélgica, la justicia encarceló preventivamente a varios dirigentes acusados por rebelión.]]>
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Dos encarcelados