Buscan crear 27 fiscalías federales, nueve defensorías, seis juzgados federales y seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión para combatir el crimen organizado y el narcotráfico
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados retomó hoy el análisis del proyecto que apunta a fortalecer la justicia penal de la provincia de Santa Fe, a fin de contar con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, en el marco de la situación de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario.
La iniciativa, que ya obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, debe recibir dictamen de la comisión de Presupuesto para quedar en condiciones de ser debatida en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, que el Frente de Todos (FdT) buscará celebrar el próximo martes.
Al iniciar la reunión, el diputado del FdT Carlos Heller, que preside la comisión de Presupuesto, sostuvo que «seguimos avanzando porque se requieren nuevas estructuras, personal, edificios, insumos» y destacó que se pidió a la Oficina de Presupuesto un informe sobre el impacto económico de la iniciativa.
Se trata de un proyecto presentado por el legislador del FdT Roberto Mirabella y que es respaldado por los diputados santafesinos oficialistas y opositores.
La iniciativa busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.
El debate se desarrolla luego de que fue publicado la semana pasada el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el que se informa el impacto económico que tendrá la aplicación de esa iniciativa, como realiza ese organismo parlamentario cuando se requiere un estudio sobre la influencia económica de un proyecto.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto, «el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente».
«El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen», señala.
Según el organismo, las erogaciones en personal se estiman en «$1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional».
En tanto, debe conformarse la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún debe nombrar a los senadores que la integrarán, ya que los diputados fueron designados.
Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que «quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento».