El debate se desarrollará en el Salón Delia Parodi desde las 14 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia
La Cámara de Diputados buscará este martes avanzar con la firma de los dictámenes del proyecto de ley de «Ficha Limpia» para impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos a quienes tengan una condena penal por delitos dolosos graves.
El debate sobre la modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298, para limitar el derecho al sufragio pasivo, se desarrollará en el Salón Delia Parodi desde las 14 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia.
La iniciativa tiene buenas chances de prosperar ya que tiene el impulso de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y hasta de un sector minoritario de Unión por la Patria.
Según la letra de los distintos proyectos, la inhabilitación temporal de quienes estén impedidos de ser candidatos se mantiene hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena.
La normativa actual solamente prohíbe la participación electoral cuando hay condena firme o cuando las personas en cuestión tienen «auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal”.
Hay distintas miradas sobre el alcance procesal o estándar mínimo que debe tener la ley de ficha limpia para inhabilitar a las personas a candidatearse en elecciones democráticas.
El criterio más restrictivo es tomar a una condena de primera instancia como suficiente para excluir a la persona de la participación electoral. En este caso, por ejemplo, la ex presidenta Cristina Kirchner, condenada en 2022 a seis años de prisión en suspenso, quedaría afuera de la posibilidad de competir.
Sin embargo, la mayoría de los proyectos plantea el doble conforme o la condena en segunda instancia.
La otra discusión tiene que ver con qué tipo de delitos se toma como causales de exclusión electoral, y ahí surge un amplio abanico que va desde todos los delitos, solo los dolosos hasta solamente los de corrupción (cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, malversación de fondos públicos o fraude, enriquecimiento ilícito, encubrimiento).
Distintos expositores que en las sucesivas reuniones informativas defendieron la necesidad de impulsar una normativa de “Ficha Limpia” recordaron que Argentina adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y a la Convención Interamericana contra la corrupción.
Entre los fundamentos, se repitió mucho la idea de que la corrupción provoca serios perjuicios en la administración pública de los recursos, por lo que se exigen mecanismos institucionales y herramientas jurídicas que tiendan a la exigencia de idoneidad para la representación democrática.
Una ley de Ficha Limpia permitiría garantizar un marco de transparencia y ética en la función pública, para la prevención de desviaciones en el ejercicio del poder.
Si bien a nivel nacional no existe aún una normativa, hay tres provincias que adoptaron la “Ficha Limpia” en su legislación: Chubut (2020), Mendoza (2020) y Salta (2021).
El primer proyecto presentado en la materia fue en el 2016 pero recién dos años más tarde se forjaría un vigoroso movimiento ciudadano alrededor de la iniciativa de Ficha Limpia que tomó forma a través de una campaña de recolección de firmas mediante la plataforma Change.org.
La campaña, que estuvo motorizada por el ciudadano Gastón Ignacio Marra y la periodista Fanny Mandelbaum, llegó a cosechar más de 450 mil firmas.
Se organizó de forma apartidaria, con activismo a través de las redes, los medios y varios encuentros de debate para explicar el alcance de la propuesta y ampliar la base de apoyo en todo el país
Los integrantes de la ex alianza de Cambiemos habían intentado aprobar una ley de ficha limpia en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Mauricio Macri ya había perdido la reelección, pero fracasaron al no reunir quórum en la sesión.
Luego, en noviembre de 2020, la entonces oposición de Juntos por el Cambio intentó introducir el proyecto en el temario de una sesión en la Cámara de Diputados, pero no juntaron el número suficiente (116 a 117 votos).