El dictamen obtuvo mayoría en comisiones y será tratado en el recinto el próximo 14 de mayo. En Rosario, transportistas y organizaciones del sector celebraron el avance del proyecto.
La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso clave hacia la declaración de la emergencia en discapacidad, con la aprobación de un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones impulsado por bloques opositores. La iniciativa, que busca garantizar la actualización de las prestaciones por discapacidad de acuerdo al índice de inflación y asegurar recursos para tratamientos, sería tratada el próximo 14 de mayo en el recinto y, de aprobarse, pasará al Senado para su sanción definitiva.
El dictamen fue celebrado por organizaciones vinculadas al sector, como la Asociación de Transportistas Especiales de Rosario (Atraes) y Apridis, que agrupa a distintas instituciones de atención y acompañamiento a personas con discapacidad.
“Fue una jornada de intenso trabajo legislativo donde se logró avanzar pese a la ausencia de diputados de La Libertad Avanza, incluida la del presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert”, expresó Pablo Bolego, presidente de Atraes. “Este dictamen favorable habilita su tratamiento en una sesión especial dentro de diez días hábiles”, agregó.
Un debate con distintas posturas
La reunión plenaria se realizó con la presencia de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto. Estuvieron encabezadas por Daniel Arroyo, Pablo Yedlin y Carlos Heller, ya que los representantes de LLA no asistieron a la discusión.
El dictamen de mayoría fue respaldado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda. La UCR, el bloque Democracia para Siempre (DPS) y el PRO, en tanto, presentaron dictámenes de minoría con diferencias en puntos clave: la duración de la emergencia, la retroactividad de los aumentos y el alcance de las auditorías.
El proyecto que cosechó mayor respaldo establece una compensación automática entre los aranceles aprobados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 con el índice de inflación publicado por el INDEC. Unión por la Patria busca avanzar con el mayor consenso posible para blindar la norma frente a un eventual veto presidencial, como ya ocurrió con otras iniciativas que afectan directamente al presupuesto nacional.
Rosario, presente en el reclamo
Las organizaciones rosarinas nucleadas en Atraes y Apridis siguen de cerca el debate. El sector viene denunciando una fuerte caída en el poder adquisitivo de las prestaciones y la discontinuidad en pagos por parte del Estado nacional. La falta de actualizaciones generó dificultades para sostener traslados, tratamientos y estructuras de atención.
Además, las entidades denuncian el envío masivo de cartas documento a personas con discapacidad, lo que ha generado incertidumbre y temor en más de un millón de beneficiarios en todo el país.
“El problema no empezó hace 14 meses, pero se agravó. Está bien auditar, pero no de esta forma. La base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad está desfasada”, subrayó el diputado Daniel Arroyo.
Lo que viene
El proyecto prevé, entre otros puntos, evitar la superposición entre pensiones y jubilaciones por discapacidad, dar claridad al sistema de prestaciones y garantizar mecanismos de actualización automáticos. El dictamen de mayoría fue firmado por 59 legisladores, mientras que el del PRO obtuvo 14 firmas, el de DPS 8, y el de la UCR, 7.
Con el respaldo alcanzado, el oficialismo necesitaría 87 votos para vetar la norma si logra convertirse en ley, un escenario que los impulsores del proyecto intentan evitar construyendo un consenso amplio en ambas cámaras.
En un contexto de crisis económica y ajuste estatal, el tratamiento de esta ley se vuelve un reclamo urgente para miles de familias que sostienen la atención de personas con discapacidad en todo el país.