Por unanimidad, la Cámara de Diputados convirtió esta madrugada en ley el proyecto de regularización dominial de más de 4000 villas y asentamientos precarios de todo el país.
Con 194 votos afirmativos, fue aprobada la iniciativa que crea un «régimen de integración socio-urbano y regularización dominial».
En la sesión especial que se extendió por casi 15 horas, también se aprobó «la ley Justina» de trasplante de órganos, la «ley Brisa» que otorga una reparación económica a hijos de víctimas de femicidios, y el proyecto que crea un régimen de donación de alimentos.
La norma de regularización dominial, propuesta y trabajada por el Ministerio de Desarrollo Social, declara la «utilidad pública» y sujeto a expropiación de las tierras (en gran medida privadas) donde se localizan 4.416 asentamientos urbanos precarios, con el objetivo de entregarles a sus habitantes certificados de vivienda familiar.
Los barrios alcanzados por la normativa son los relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), en un trabajo que contó con la contribución de movimientos sociales.
De acuerdo al texto, el sujeto expropiante será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que en conjunto con la cartera nacional deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir los bienes inmuebles.
El proyecto establece que los gastos que implique el proceso «serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes», al tiempo que autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso «con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley».
El primero en tomar la palabra en el debate fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, explicó que «regularizar el dominio significa que las personas que viven en estos barrios y que han construido sus casas van a acceder finalmente a la propiedad y a la parcela que ocupan, con todas las de la ley».
Según afirmó, la idea es que «al cabo de un tiempo» ya «no haya más barrios populares en los cuales sus habitantes no sean propietarios de la casa que habitan y la parcela en la que han construido».
El diputado del PRO indicó que la normativa define como barrio popular a aquellos sitios en los que residan «un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular al menos dos de los servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal».
Además resaltó que mientras que se lleve adelante el proceso de regularización dominial quedarán suspendidos por cuatro años los eventuales desalojos de tierras.
El diputado massista Daniel Arroyo sostuvo que la ley es «un avance» y «una mejora» porque «surge de abajo hacia arriba» ya que «hubieron movimientos sociales trabajando y relevando hasta que efectivamente el Estado lo tomó».
«Ahora, hace falta mucho más para dar vuelta la situación social y urbanizar en serio la Argentina», advirtió.
Por su parte, el diputado del Movimiento Evita destacó que el tratamiento de este proyecto de ley es «un logro de los movimientos sociales» y agregó: «Peleamos por esta ley pero no estamos felices porque no alcanza, porque la situación económica en los barrios es insoportable y por culpa de la gestión de este Gobierno».