El Frente Renovador, a a través de la diputada nacional Marcela Passo, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Ley de Góndola por el cual busca «frenar los abusos de precios que se producen en los supermercados y en particular, en los alimentos».
La iniciativa se da en consonancia con otro presentado por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió (Cambiemos), quien busca legislar sobre la competencia de la cadena alimenticia para evitar los casos de abuso de posición dominante en los que pudieran incurrir los supermercados y otros grandes proveedores.
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Ambas iniciativas deben ser debatidas por la comisión de Defensa del Usuario y de la Competencia, que preside la propia Passo; aunque para obtener dictámenes también deben superar los filtros de comisiones encabezadas por Cambiemos.
«El bolsillo de los argentinos no aguanta más. Nuestro espacio está comprometido en trabajar todas las medidas posibles que alivien esta terrible situación en la que nos ha metido este gobierno con sus pésimas medidas económicas», indicó Passo.
Al explicar su proyecto, la diputada masssista señaló que «la idea es frenar los abusos que se producen contra el consumidor y además generar el ingreso de mayor oferta a supermercados, considerando que la situación es tan grave que la gente se endeuda y renueva deuda para comer, en un momento en que el 23 por ciento de los trabajadores formales de Argentina compra la comida en cuotas».
El proyecto crea en el ámbito de la Secretaría de Comercio, el «Programa de Medidas para el fomento de la competencia y reducción de distorsiones de precios en las ventas minoristas» en canales de venta de productos de consumo masivo a cargo de grandes empresas o grupos económicos.
Estos comercios, según el proyecto, «estarán obligados a que para cada categoría de productos, ninguna marca individual, o marcas de una misma empresa o grupo económico podrá disponer de más del 40% del espacio de góndola destinado a dicha categoría en el primer año de vigencia del programa, y 30 por ciento el segundo año y subsiguientes», aunque plantea la posibilidad de elevar estos topes, para los locales que tengan una menor cantidad de boca de expendio.
Además, para reducir costos por límites a los abusos de posición dominante, propone que «a los fines de reducir los costos para los proveedores de los grandes supermercados e hipermercados, se aplicarán medidas como que el plazo máximo de pagos no podrá superar los 90 días».