El gremio reclama que se convalide la paritaria acordada
El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria ante el inminente inicio de un paro por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que reclama la convalidación de su paritaria.
La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que indicó que se tomó en respuesta a una solicitud presentada por la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
El conflicto surge a raíz de que el gremio que comanda Hugo Moyano reclama que el Gobierno homologue el acuerdo paritario.
La Federación de Camioneros había anunciado medidas de fuerza que amenazaban con paralizar el transporte de mercancías en todo el país, generando preocupación en el sector empresarial y la sociedad en general.
El Gobierno no habilitó un aumento salarial del 8% trimestral (3% en diciembre, 2,5% en enero y 2,5% en febrero), ya que considera que esa cifra atenta contra las proyecciones inflacionarias diseñadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La conciliación obligatoria tendrá una duración de 15 días, período en el cual tanto las cámaras empresariales como el gremio de camioneros tienen prohibido tomar represalias o llevar a cabo medidas de fuerza.
Durante este tiempo, las partes deberán sentarse a negociar para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.
Según trascendidos, Caputo le habría ordenado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, evitar homologar acuerdos salariales que superen el 1% mensual.
En la primera reunión con las tres cámaras empresarias del transporte de cargas, Moyano solicitó un bono de fin de año de $ 650.000 y una suba salarial de 5% mensual, muy por encima de las proyecciones inflacionarias del Ministerio de Economía.
Luego de otras reuniones, los empresarios lograron bajar el monto del bono a $ 600.000 y que se abone en cuatro cuotas y se llegó a un acuerdo entre las partes.
Pero la Secretaría de Trabajo se resiste a homologarlo, con lo cual las empresas no pueden abonar el incremento negociado hasta tener el visto bueno del Gobierno.