La Cámara alta del Congreso tendrá un día agitado ya que se tomarán decisiones relevantes. Por un lado las senadoras y senadores votarán la aprobación, o no, de los allanamientos a Cristina Kirchner, solicitados por el juez Bonadio. Por otra parte, se votarán los proyectos de ley de extinción de dominio.
Allanamientos
El Senado sesionará hoy para definir si autoriza los allanamientos a los domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner, con el Bloque Justicialista dividido ante la votación y sus senadores en «libertad de acción» para decidir.
Los allanamientos a los domicilios que la senadora del Frente para la Victoria (FPV-PJ) tiene en Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad de Buenos Aires fueron solicitados por el juez Claudio Bonadio en la causa que investiga los detalles de los cuadernos del chofer Oscar Centeno sobre el presunto pago de coimas por la obra pública a funcionarios de la gestión kirchnerista.
De acuerdo a la Ley de Fueros (25.320) el Senado debe votar si autoriza al juez a realizar los allanamientos, una decisión que divide al Bloque Justicialista que encabeza Miguel Pichetto, del cual depende la aprobación de una iniciativa de este tipo.
En esa bancada hay varios senadores que no quieren aprobar los allanamientos y se diferencian de Pichetto, que se opone a un eventual desafuero sin que haya una condena sobre la ex mandataria, pero avala el procedimiento solicitado por Bonadio, por entender que se trata de «una medida de prueba».
Esa división en la bancada justicialista hizo que el jefe del bloque anunciará que habrá «libertad de acción» al momento de votar el permiso para que el juez allane los domicilios de Cristina Kirchner.
Uno de los senadores justicialistas que mostró sus reservas frente a la requisitoria de Bonadio fue el formoseño José Mayans, que sostuvo que el pedido de allanamiento «tiende a dar un golpe mediático» y «un poquito también a humillar» a la senadora.
El Bloque Justicialista quedó así en el medio del tironeo entre la bancada oficialista de Cambiemos, que está unánimemente a favor, y el kirchnerismo, que cerrará filas detrás su líder.
En la previa, Bonadio ordenó este lunes allanar dos departamentos ubicados en el mismo edificio en el que vive Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, operativo que fue calificado como «un gran circo» y un «amedrentamiento» por parte del abogado de la senadora, Gregorio Dalbón.
Extinción de dominio
El Senado votará mañana el proyecto de ley de extinción de dominio que se encuentra trabado desde hace más de un año, pero hay tres iniciativas y se abrió una negociación para evitar que el tema se caiga por falta de acuerdo.
La extinción de dominio es la figura jurídica que permitiría al Estado hacerse con bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas o utilizados para ellas, pero Cambiemos, el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria tienen visiones diferentes sobre el contenido y los alcances de la iniciativa.
Hace dos semanas, en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, los senadores de esos tres espacios presentaron dictámenes diferentes y el que más firmas obtuvo fue el del PJ, por lo que será el primero en tratarse.
Fuentes del bloque Cambiemos indicaron que el oficialismo se niega a votar la iniciativa del PJ pero tampoco tiene el número necesario para aprobar la propia y esta circunstancia plantea la amenaza de que ningún proyecto resulte aprobado.
Para evitar eso, el bloque que preside Miguel Pichetto abrió una negociación con la bancada kirchnerista a fin de votar juntos el proyecto del justicialismo, según supo esta agencia.
La iniciativa del justicialismo sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, mientras que el dictamen de Cambiemos le otorga al fuero civil la potestad de dictar la medida y de hacerlo antes de que haya condena.
El dictamen del kirchnerismo, en tanto, plantea que la extinción de dominio debe alcanzar también a los delitos económicos, especialmente cuando se trate de corrupción: el ejemplo característico es el de las coimas, con la idea de que la extinción no se aplique sólo al funcionario que la cobre, sino también a la persona que la pague.