Un funcionario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo investigador adscripto a la ONU, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de La Aurora y, pese a los intentos de las autoridades, no fue deportado.
Yilen Osorio Zuluaga, un ciudadano colombiano, fue detenido el sábado por efectivos del Instituto Guatemalteco de Migración y de la Policía Nacional Civil cuando desembarcaba de un vuelo procedente de Costa Rica, y este domingo permanecía retenido.
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, explicó a la prensa local que los efectivos intentaron deportar de inmediato al investigador colombiano en un vuelo con destino a El Salvador. Rodas presentó un recurso judicial de inmediato para evitar la deportación y, tras cuatro horas retraso, la aerolínea canceló el vuelo a El Salvador.
Recién entonces, el juez a cargo del caso, Oliver Orellana, pidió suspender todas las medidas durante ocho horas hasta que las instituciones del Estado involucradas presentaran informes sobre la situación legal de los miembros de la Cicig y él pueda tomar una decisión.
En medio de una pulseada política que tiene en vilo al país desde hace mes, el gobierno de Jimmy Morales -acusado por la propia Cicig de corrupción electoral- decidió no renovar las visas de 11 investigadores de la corte internacional, entre ellos Osorio Zuluaga, quienes abandonaron el país en diciembre pasado, justo antes del plazo máximo. Tras su salida, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló a favor de los investigadores internacionales y ordenó que puedan retornar al país.
#AHORA | Delegados de @PDHgt reciben denuncia de Yilen Osorio investigador de @CICIGgt, @MigracionGuate no le permitió el ingreso al país en el Aeropuerto Internacional La Aurora. pic.twitter.com/1uKsm0dJC8
— PDH Guatemala (@PDHgt) January 6, 2019
Mientras el 31 de diciembre, un vocero de la Cicig informó que la Cancillería guatemalteca ejecutó el fallo de la Corte de Constitucionalidad, El Periódico de Guatemala informó que tres días antes todas las aerolíneas que operan en el país recibieron una carta sin firma y con el membrete de la extinta Dirección de Migración que prohibía el ingreso de los miembros de la corte.
«Se solicita su colaboración a efecto de tomar las medidas pertinentes para limitar el ingreso o abordaje de las personas antes indicadas, en cualquier vuelo cuyo destino final sea la República de Guatemala», sostenía la nota, según informó Motty Rodas, directora de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas.
Este domingo ninguna de las instituciones involucradas -la Cancillería, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Presidencia- reaccionaron a la detención de Osorio Zuluaga o a las denuncias de la Procuración y la propia Cicig.
La Cicig fue instalada en 2007 para juzgar y condenar los casos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas públicas, pero con el tiempo terminó concentrándose en perseguir y desentrañar casos de corrupción en las máximas esferas del poder político y gubernamental del país.
Este año, el presidente Jimmy Morales, un funcionario señalado por la propia Comisión como sospecho de corrupción, declaró la guerra a la Cicig. En agosto pasado, anunció que no renovaría el mandato de la corte internacional: «Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito».
La Cicig fue clave en la victoria electoral de Morales en 2015 ya que fueron sus investigaciones por corrupción las que llevaron al anterior mandatario, Otto Pérez Molina, a renunciar. Sin embargo, una vez en el poder, Morales y su círculo íntimo terminaron también acusados por la Comisión.
Según la Cicig y el Ministerio Público, Morales recibió un financiamiento ilícito de dos millones de dólares durante su campaña presidencial. El delito fue confirmado y una docena de empresarios importantes reconocieron públicamente los sobornos y pidieron perdón. Morales, lejos de renunciar, arremetió contra la Cicig y sus autoridades y comenzó una pulseada que aún continuaba hoy.