Un juez dictó una medida cautelar que frena la habilitación de locales comerciales en el barrio Pichincha, donde los vecinos reclaman desde hace un tiempo la aplicación de ordenanzas vigentes para el control de cierre de los negocios y la permanencia de gente en la calle hasta la madrugada.
Vecinos, cansados e indignados, entrevistaron a profesionales para ir a la Justicia y ellos mismos costearon los honorarios. Fue el Dr. Pedro Antonio Boasso quien hizo lugar a la presentación judicial.
“Estamos cansados. No se puede dormir. Hay gente que se tiene que ir a descansar a la casa de sus familiares porque no puede hacerlo en su hogar debido a los ruidos. No estamos pidiendo nada raro ni extraordinario. Sólo que se cumpla la ordenanza vigente”, había declarado a CLG Guillermo Kramp, uno de los vecinos de Pichincha, quien lleva adelante el reclamo desde el año pasado.
Así las cosas, y en el marco de la ley 10 mil de intereses difusos, los damnificados pidieron que se impida la habilitación de nuevos locales comerciales en el rango comprendido por las calles Balcarce, Rivadavia, avenida Francia y Jujuy, en tanto y en cuanto se hagan efectivas las aplicaciones de ordenanzas que controlan la nocturnidad.
Los vecinos de Pichincha habían tenido reuniones con el secretario de Control y Convivencia de la Municipalidad, Guillermo Turrin, y dos encuentros con la intendenta Mónica Fein. “Luego de la segunda, que fue en marzo, Fein quedó en llamarnos dentro de siete o diez días. Y eso nunca pasó”, enfatizó.
La intención de la movida judicial es hacer que la Municipalidad “exija” a los bares, boliches y cervecerías que cumplan con las reglamentaciones vigentes. Además, adelantaron los vecinos que en agosto tendrán una reunión con concejales de la ciudad.