El presidente respaldó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y ordenó que el Estado no vuelva a pagar alimentos por encima de los precios máximos
El presidente Alberto Fernández anunció el lunes por la noche que frenó la polémica compra de alimentos con sobreprecios destinados a sectores vulnerables y respaldó abiertamente a uno de los principales apuntados por el escándalo: el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
Ante la emergencia por el coronavirus, el ministro admitió este lunes que debió comprar aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas a un precio más caro ya que los proveedores “se plantaron”.
A propósito de eso, en diálogo con el programa Desde el Llano, de TN, el Presidente explicó que la compra que se hizo “todavía no se pagó” y sentenció: “Di la orden que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija. No puede ser que alguien se le plante al Estado en una situación como la que estamos viviendo”.
Además, aseguró que cree en la “honestidad de Daniel Arroyo” y agregó: “Lo que más me preocupó es que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Y él tuvo el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios y eligió alimentar a la gente”.
Por otro lado, denunció “la cartelización” de algunos sectores “que ni siquiera en medio de esta situación son capaces de flexibilizar las posiciones”. “Si hubo algún acto de corrupción el primero que va a perseguir al corrupto es el presidente. Y no tengo ninguna vocación de apañar a un corrupto en mi gobierno”, indicó.
Denuncias y reproches
La compra de alimentos con valores muy superiores a los precios de referencia desató la polémica, y las primeras consecuencias judiciales no tardaron en llegar.
Mientras la diputada Graciela Ocaña prepara un completo pedido de informes en la Cámara para que el ministro Daniel Arroyo brinde explicaciones, la abogada Silvina Martínez denunció ante la Procuración General de Investigaciones Administrativas (PIA) los posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública.