Una trabajadora con nueve años de antigüedad fue cesanteada y apuntó contra el Gobierno por avanzar sobre derechos laborales y la organización gremial en el organismo
El despido de Melina Gutiérrez, trabajadora del Pami Rosario y delegada de ATE, encendió fuertes cuestionamientos en torno al rumbo del organismo en el marco de las políticas del gobierno de Javier Milei. Con casi una década de trayectoria como instrumentadora quirúrgica, la trabajadora denunció que su cesantía está vinculada a su militancia sindical y a su posicionamiento crítico frente al ajuste.
“Entré con mi currículum y trabajé incansablemente durante años”, expresó Gutiérrez, quien además describió un esquema laboral atravesado por la precarización: contratos temporarios, sin estabilidad ni derechos básicos. Según relató, fue a través de la organización colectiva que lograron avances mínimos como licencias, vacaciones y condiciones más dignas.
En ese contexto, su desvinculación aparece —según sostiene— como parte de una estrategia para disciplinar a los trabajadores. “Hoy vinieron por mí, pero van por todos”, advirtió, y aseguró que existe un intento de desarticular la organización sindical dentro del organismo.
La trabajadora también alertó sobre el impacto social de estas políticas. “El 70% del personal es precarizado y somos quienes sostuvimos el sistema en pandemia”, remarcó. A su vez, manifestó preocupación por el futuro del PAMI y de la salud pública: “¿A dónde van a ir los jubilados si se debilita el sistema?”.
El caso se da en un contexto de creciente conflictividad laboral en el Estado nacional, con denuncias por despidos, ajuste y deterioro de las condiciones de trabajo. En Rosario, la situación suma tensión y reabre el debate sobre el rol del PAMI, la estabilidad laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores.
“Esto no es solo un despido, es un modelo de país que excluye”, concluyó Gutiérrez, convocando a transformar “la bronca en organización y lucha”.