Unionbat cerró una planta y despidió a 101 trabajadores en Gualeguaychú; Algodonera Avellaneda quedó al borde de la quiebra en el norte santafesino y Granja Tres Arroyos ratificó 1.250 desvinculaciones
La situación de numerosas empresas industriales argentinas atraviesa un escenario cada vez más complejo, con despidos masivos, plantas cerradas o funcionando parcialmente, concursos preventivos y procesos judiciales que ponen en duda la continuidad de puestos de trabajo. En los últimos días, tres casos volvieron a poner el foco sobre el deterioro del empleo: Unionbat, Algodonera Avellaneda y Granja Tres Arroyos.
Los sectores son diferentes —baterías y autopartes, industria textil y producción avícola—, pero los conflictos tienen algunos puntos en común: caída de la actividad, dificultades financieras, acumulación de deudas y trabajadores que quedan en medio de procesos empresariales cuya resolución depende, en buena medida, de la Justicia y de eventuales inversores.
Unionbat: cierre de una planta y 101 despidos
La fabricante de baterías Unionbat, responsable de las marcas Willard y Dinasty y proveedora de terminales automotrices, se presentó en concurso preventivo de acreedores luego de acumular un pasivo superior a $40.000 millones, además de deudas en dólares y euros.
La compañía cerró a fines de junio su planta de Gualeguaychú, Entre Ríos, y desvinculó a 101 trabajadores. La empresa reconoció que no cuenta con fondos suficientes para afrontar las indemnizaciones, estimadas en alrededor de $5.000 millones.
El deterioro quedó reflejado en su último balance. En el ejercicio cerrado en febrero de 2026, Unionbat registró una facturación de $46.585 millones, un 24% menos que en el período anterior, mientras que los costos de los bienes vendidos superaron los $53.700 millones. El resultado terminó con una pérdida neta de casi $21.929 millones, frente a una ganancia de $968 millones en el ejercicio anterior.
La firma atribuyó parte de sus dificultades a la caída de las ventas, el incremento de los costos y la mayor competencia de productos importados, especialmente provenientes de Brasil.
Tras el cierre de Gualeguaychú, la empresa concentró su producción en su planta de General San Martín, donde conserva una dotación de 212 empleados.
Algodonera Avellaneda: sin compradores y con 100 familias afuera
En el norte de Santa Fe, el futuro de Algodonera Avellaneda quedó nuevamente en manos de la Justicia. El plazo para presentar ofertas por las acciones de la empresa venció el lunes sin que aparecieran interesados, por lo que el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, deberá definir los próximos pasos.
La firma, perteneciente al grupo Vicentin, se encuentra en concurso preventivo desde noviembre de 2024. El proceso de salvataje buscaba encontrar un inversor que permitiera evitar la quiebra, pero la convocatoria quedó desierta.
Una de las alternativas que analiza el magistrado es avanzar con una “quiebra con continuidad”, que permitiría mantener en funcionamiento la planta y preservar parte del empleo.
Actualmente unos 200 trabajadores continúan realizando tareas mediante contratos de fazón. La planta produce entre 350.000 y 400.000 kilos mensuales de tela e hilo, aproximadamente la mitad de su capacidad potencial.
Pero el conflicto tiene otra cara: alrededor de 100 trabajadores quedaron afuera hace más de un año y todavía esperan una respuesta sobre su situación.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Textiles, Juan Carlos Bandeo, puso el foco precisamente en ese grupo: “El problema es con la gente que está afuera, ¿cómo arreglamos con las 100 familias que quedaron afuera?”.
La empresa arrastra además un pasivo superior a US$260 millones con el Banco Nación y deudas posconcursales por más de $6.800 millones correspondientes a 2025 y 2026.
Granja Tres Arroyos: 1.250 despidos que quedaron firmes
El tercer conflicto se concentra en la industria avícola y tiene como protagonista a Granja Tres Arroyos, que confirmó esta semana los despidos de 1.250 trabajadores en tres plantas de la provincia de Buenos Aires.
La definición se produjo después de que venciera la conciliación obligatoria sin que la empresa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) alcanzaran un acuerdo.
Los despidos comprenden a 700 trabajadores de Capitán Sarmiento, 500 de Esteban Echeverría y 50 de Pilar.
Durante la última audiencia, la compañía ratificó las desvinculaciones y sostuvo que busca adecuar su estructura al nivel de actividad disponible para preservar la continuidad de la explotación.
El conflicto se desarrolla además en medio de una situación judicial cada vez más compleja. La empresa solicitó recientemente la apertura de su concurso preventivo y arrastra una deuda estimada en US$350,9 millones.
En paralelo, la Justicia dispuso la indisponibilidad de US$13,5 millones depositados por la compañía en el Banco de Comercio y pidió explicaciones sobre otros fondos por casi US$16 millones que estarían depositados en otra entidad.
Los trabajadores, además, reclaman el pago de cuatro meses de salarios adeudados y el aguinaldo.
Tres industrias, un mismo problema: empleo en riesgo
Los casos de Unionbat, Algodonera Avellaneda y Granja Tres Arroyos muestran distintas etapas de una misma problemática. En algunos casos, las empresas buscan continuar mediante concursos preventivos; en otros, aparecen procesos de salvataje o alternativas de continuidad; y también existen compañías que ya avanzaron con cierres y despidos masivos.
El denominador común es el impacto sobre los trabajadores. Entre los tres casos hay más de 2.300 puestos de trabajo directamente afectados por despidos, desvinculaciones o situaciones de incertidumbre laboral.
Mientras las empresas argumentan caída de actividad, problemas financieros, aumento de costos y dificultades para afrontar sus obligaciones, los trabajadores reclaman salarios, indemnizaciones y garantías de continuidad.
La resolución de los concursos y procesos judiciales será determinante para conocer cuántos puestos podrán preservarse y qué ocurrirá con quienes ya quedaron fuera de las empresas. Por ahora, el mapa industrial suma nuevos conflictos y deja a miles de familias pendientes de una definición.