Se trata de la ex jueza de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires y fundadora de la agrupación Justicia Legítima
La ex jueza de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires y fundadora de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, fue nombrada por el presidente Alberto Fernández como interventora del Servicio Penitenciario Federal.
Rébori tiene 66 años y sus labores dependen del Ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo. Tendrá un doble rol: interventora del Servicio y titular de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.
La ex magistrada debe asumir el cargo en una difícil coyuntura. En el marco de la pandemia, el mes pasado renunció Emiliano Blanco, su antecesor, luego de motines en el penal de Devoto. Los mismos se desarrollaron en reclamo de excarcelaciones para quienes eran considerados posibles pacientes de riesgo.
Además, Garrigós de Rébori deberá afrontar la investigación por supuesto espionaje ilegal a políticos, periodistas y jueces durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. En el marco de dicha investigación, este miércoles allanaron la cárcel de Ezeiza, buscando determinar si presos vinculados al kirchnerismo fueron espiados.
En el penal de Ezeiza estuvieron presos, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
Excarcelaciones
La flamante interventora es considerada como una ferviente admiradora de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y había respaldado el mes pasado las excarcelaciones de internos en el marco de la pandemia de coronavirus. Además, afirmó que las protestas contra esa medida le “hacen perder la fe en la humanidad”.
“Se busca evitar lo que va a ser el contagio dentro de las cárceles, porque va a ser peor que en un geriátrico. En las unidades penitenciarias el aislamiento es imposible, por la superpoblación. No hay celdas individuales, comparten celdas comunes, el baño, el lugar donde se come. El aislamiento en los detenidos es inviable”, había dicho en una entrevista. Y añadido que el SPF “no tiene instalaciones sanitarias para responder a esa demanda de salud”.