Se trata de Walter González, quien junto a su pareja fue imputado este fin de semana por asociación ilícita, extorsiones y balaceras, y por lavado de activos
Un hombre que se encuentra preso en la cárcel de Piñero y su pareja fueron imputados este fin de semana por balaceras al encargado de la construcción de su casa en Serodino, entre otros cargos. Aparentemente, los ataques a balazos contra la vivienda y el auto de esta persona fueron porque se demoró en la finalización de las obras. El recluso cumple una condena de 20 años por homicidios y balaceras, y ahora sumó nuevas imputaciones. Su pareja quedó libre luego de que se le atribuyeran maniobras de lavado de activos.
Se trata de Walter González y de Joana R., quienes fueron imputados el pasado sábado por asociación ilícita, extorsiones y balaceras, y por lavado de activos, respectivamente, por el fiscal Federico Rébola.
Según publica Rosario3, Este hombre cumple una pena de 20 años de cárcel por homicidios y balaceras, cargos entre los que se encuentra encargar tres asesinatos desde su celda. Su principal actividad criminal se desarrolla en el cordón industrial.
El fiscal aseveró que la banda, integrada por otras personas identificadas pero aún no acusadas, se dedicaba a realizar balaceras, extorsiones y tráfico de estupefacientes. Agregó que tenía «montada una estructura para darle apariencia lícita a las ganancias obtenidas de los ilícitos cometidos por sus integrantes». La organización, según la evidencia obtenida, funcionó al menos desde el 12 de octubre del año pasado hasta el 7 de julio de este año.
Según el fiscal Rébola, González controlaba a la organización desde la cárcel, ordenando balaceras, pagos y amenazas, además de comunicarse telefónicamente con las víctimas desde el pabellón 10 para extorsionarlas.
Entre los distintos ataques, se le atribuye una balacera ocurrida el 17 de octubre de 2020 en Valle Hermoso al 1700 contra la casa y el auto del encargado de la construcción de una de sus casas. Ese día tres hombres a bordo de un Chevrolet Corsa gris abrieron fuego contra la vivienda y el vehículo estacionado en la calle.
El 9 de noviembre del año pasado fue baleada la misma casa y para el fiscal, también fue ordenada por González. En ese caso, fue perpetrada por un sospechoso que luego de tirar se subió a un Chevrolet Astra de cinco puertas y se dio a la fuga. Ese mismo día y en un horario similar, una moto con dos personas baleó el domicilio de la nuera de la víctima, en Irigoyen al 1900, donde también se encontraba una nena de 5 años.
Todas las balaceras tenían una justificación, según explicó ante la Fiscalía el propietario de la casa de Valle Hermoso al 1700: se había demorado en terminar la construcción de la casa del presunto narco en Laprida y España, en la localidad de Serodino, presupuestada en 53.153 dólares.
Este sábado también fue imputada Joana R., pareja de González, quien según el fiscal era miembro de la banda y realizaba distintas maniobras para lavar dinero del tráfico de estupefacientes desde enero de 2018 en adelante.
Entre las acciones expuestas por el fiscal está la compra de materiales para la construcción de la casa de Serodino; haber comprado un Volkswagen Virtus a través de un crédito; y haberse anotado como monotributista categoría H y haber puesto un local de ropa con mercadería valuada en unos 2 millones de pesos.
Otra maniobra que atribuyó el fiscal a Joana fue la de hacer 90 depósitos de dinero de bajo monto en un cajero automático en un mismo día de abril pasado, entre las 17 y las 18, hasta alcanzar la cifra de 565.700 pesos. El objetivo era no llamar la atención de la Unidad de Información Financiera (UIF), agrega Rosario3.
Para el juez Florentino Malaponte los indicios no fueron suficientes para dictar prisión preventiva efectiva para la mujer. Sí ordenó prohibición de comunicación con su pareja por fuera de los medios permitidos –solo podrá mediante visitas o llamados a teléfonos habilitados por el Servicio Penitenciario–.
El juez Malaponte a su vez ordenó un registro contable de las operaciones hechas con el negocio de ropa, la inmovilización de la cuenta bancaria y el levantamiento del secreto bancario.