Los presidentes de los cinco partidos que integran el Frente San Luis Unido denunciaron este miércoles en la Justicia Federal el uso irregular de fondos públicos por parte del gobierno provincial y acusaron a los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá por asociación ilícita y lavado de activos.
El senador nacional Claudio Poggi y el intendente de San Luis, Enrique Ponce, candidatos a gobernador y vice del Frente San Luis Unido, solicitaron que se los considere como querellantes en una causa que fue también planteada en la Fiscalía Federal, para que se investigue el destino de 50 millones de pesos entregados hace 15 días a la fundación Sol Puntano, manejada por funcionarios del gobernador Alberto Rodríguez Saá.
Poggi y Ponce estimaron que «ese dinero está siendo usado para financiar la actual campaña electoral», explicaron ambos a Télam.
También los denunciantes presentaron un escrito para detallar las supuestas irregularidades cometidas en la entrega de 80 millones de pesos que hizo el gobierno de San Luis a la fundación Mujeres Puntanas que preside Gisela Vartalitis, esposa del senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, en septiembre de 2017; cuarenta días antes de las elecciones, dinero que usaron con fines electoralistas, aseveraron.
Y, señalaron que en la presentación realizada en la Justicia Federal se precisan numerosas maniobras que significan lavado de dinero a través de una asociación ilícita formada por los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, con la complicidad de funcionarios del gobierno actual y también de familiares de ambos.
Además de Poggi y Ponce, suscriben las denuncias el presidente de la UCR, Hugo Rossi; el jefe de Libres del Sur, Joaquín Mansilla, y Otoniel Pérez Miranda en representación del PRO.
Los dirigentes se presentaron también en la Secretaría Electoral Federal peticionando que se actúe con celeridad en las denuncias recibidas por violaciones a las leyes de Financiamiento Electoral cometidas por los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá en las elecciones de 2017, ya que no hay ninguna respuesta a las acusaciones que se formularon oportunamente.
En sus declaraciones a esta agencia los denunciantes resaltaron que desde el oficialismo se cometen hechos tendientes a crear un clima de tensión social, y para ello se está utilizando todo el aparato estatal con el objetivo de lograr la reelección de Alberto Rodríguez Saá.
Los dirigentes enfatizaron que se deben tomar medidas para que las elecciones a gobernador del próximo 16 de junio sean «libres y democráticas».