Los generales, desoyendo condenas y sanciones occidentales, continúan con su mortífera represión en un intento de frenar las protestas y huelgas prodemocracia que sacuden el país desde el derrocamiento del Gobierno civil de Aung San Suu Kyi
Más de 500 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar, y las facciones rebeldes armadas amenazan ahora con unirse a las protestas contra la junta si continúa el derramamiento de sangre.
Los generales, desoyendo condenas y sanciones occidentales, continúan con su mortífera represión en un intento de frenar las protestas y huelgas prodemocracia que sacuden el país desde el derrocamiento del Gobierno civil de Aung San Suu Kyi.
Al menos 510 personas, entre ellas numerosos estudiantes y adolescentes, murieron por disparos de policías y militares en los últimos dos meses, según dijo hoy la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).
La ONG reiteró que el número de víctimas «es probablemente mucho mayor», sobre todo porque cientos de detenidos siguen desaparecidos.
Ante el derramamiento de sangre, varias facciones rebeldes amenazaron el martes con tomar las armas contra la junta.
Si las fuerzas de seguridad «siguen matando civiles, colaboraremos con los manifestantes y tomaremos represalias», dijeron varios grupos armados en una declaración conjunta.
«La situación corre el riesgo de convertirse en una guerra civil total», declaró a la AFP Debbie Stothard, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
«La junta no quiere ceder en nada y los manifestantes, que hasta ahora han sido mayoritariamente pacíficos, están tentados de pedir ayuda a las facciones armadas para protegerse», afirma.
Desde la independencia de Myanmar en 1948, multitud de grupos étnicos han entrado en conflicto con el Gobierno central para conseguir más autonomía, acceso a los numerosos recursos naturales del país o a una parte del lucrativo tráfico de drogas.
En los últimos años, el Ejército había acordado un alto el fuego con algunos de ellos e incluso había retirado al AA de su lista de organizaciones extremistas a mediados de marzo.
Pero este fin de semana, la junta lanzó ataques aéreos en el sureste del país, dirigidos a uno de los mayores grupos armados de Myanmar, la Unión Nacional Karen (KNU), después de que ésta tomara una base militar y matara a varios soldados.
Se trata de los primeros ataques de este tipo en la región en 20 años. Unas 3.000 personas huyeron de la violencia a la vecina Tailandia, según organizaciones locales.
Pero las autoridades tailandesas las rechazaron y las hicieron volver, dijo a la agencia de noticias AFP la activista de derechos humanos Karen Hsa Moo.
Tanee Sangrat, portavoz del ministerio de Exteriores tailandés, negó esas informaciones. Seguiremos «atendiendo a los que están en el lado tailandés mientras evaluamos la evolución y las necesidades sobre el terreno», dijo.
Mientras tanto, las protestas contra el golpe continúan en todo Myanmar con nuevas tácticas de resistencia.
Hoy hubo una convocatoria a una «huelga de basuras» para que los vecinos arrojen sus desperdicios en las calles y bloqueen los cruces de carreteras.
En Rangún, la capital económica, algunas carreteras estaban llenas de basura de todo tipo, a veces coronada con pequeños carteles que decían «Necesitamos democracia», según imágenes de los medios locales.
El número de muertos aumentó considerablemente en los últimos días.
Al menos 107 civiles, entre ellos siete menores, murieron el sábado, el Día de las Fuerzas Armadas.
En respuesta a la represión, Washington anunció la suspensión inmediata de un acuerdo marco de comercio e inversión con Myanmar firmado en 2013 hasta que se restablezca un gobierno «democráticamente elegido».
Londres, por su parte, pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que se celebrará mañana.