Pedro Urruchurtu Noselli, mano derecha de María Corina Machado, refugiado en la sede, vive junto al resto de los asilados y el cuerpo diplomático horas de terror y hace responsable de cualquier cosa que pueda ocurrirles al Presidente de Venezuela
Típico de operaciones militares de sabotaje antes de lanzar un ataque contra un objetivo, los militares venezolanos ordenaron a funcionarios de Corporelec, corporación eléctrica nacional de Venezuela, que dejen a oscuras a la sade diplomática de Argentina, generando una sensación de inseguridad contra las vidas de todos los que se encuentran en la delegación diplomática resistiendo las presiones de un gobierno encabezado por Nicolás Maduro, que parece decidido comenzar un asedio sobre una representación diplomática, violando todas las garantías que ofrece el derecho internacional y la convención de Caracas.
Fue precisamente en esta ciudad, Caracas, que se encuentra al borde de una revuelta civil y bajo amenaza de una represión feroz de parte de un régimen que ya debería ser considerado tiránico, donde en el año 1954 se pactaron reglas para que terceros países den asilo a perseguidos políticos.
“Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno”, sostiene el documento, vigente en la actualidad, que Maduro ha decidido deshechar por su inodoro.
Por el contrario ordenó ejercer una presión psicológica y material sobre los seis refugiados, dirigentes fundamentales de la oposición, al servicio de la campaña de Urrutia y Corina Machado, que indigna a cualquier ciudadano de bien.
El artículo II de esta Convención es más que clara si se respeta el derecho de soberanía de la embajada argentina en Venezuela. “El respeto que según el Derecho Internacional se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los habitantes de su territorio se debe igualmente, sin ninguna restricción, a la que tiene sobre las personas que ingresan con procedencia de un Estado en donde sean perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación política o por actos que puedan ser considerados como delitos políticos”.
Y, el articulado agrega, “Cualquier violación de soberanía consistente en actos de un gobierno o de sus agentes contra la vida o la seguridad de una persona, ejecutados en el territorio de otro Estado, no puede considerarse atenuada por el hecho de que la persecución haya empezado fuera de sus fronteras u obedezca a móviles políticos o a razones de Estado”.
Este último punto es que enemista al presidente chileno Boric con Maduro. Teniendo en cuenta que la Fiscalía chilena estima que la muerte de Ronald Ojeda, un teniente opositor a Nicolás Maduro secuestrado en Santiago de Chile, el 21 de febrero pasado, fue organizada desde Venezuela.
En Caracas saben de lo que es capaz de hacer Nicolás Maduro y Diosdado Cabello para mantenerse en el poder. Primero, reprimir con las milicias urbanas, luego con los policías y, en última instancia, con el Ejercito bolivariano que está completamente subordinado a los mandatos del régimen.
Rosendo Fraga, analista político, explicó en el diario Clarin que uno de los cambios importantes fue el idológico. “…fue simbolizado con la sustitución de la consigna de lealtad de Patria o muerte por la de socialismo o muerte. Como sucede en Cuba las instituciones armadas son del Partido no del Estado”.
Contra esas fuerzas están resistiendo como pueden los diplomáticos argentinos, su personal y los seis asilados en la delegación nacional que temen por un ataque inminente contra sus propias vidas.