Entre los beneficiados se encuentran al menos dos integrantes del armado político de Juan Pedro Aleart, presentador televisivo y candidato a convencional constituyente por el departamento Rosario
En medio del ajuste en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), que incluyó la restricción en la entrega de medicamentos gratuitos y el despido de decenas de trabajadores, trascendió que el Gobierno nacional designó en cargos públicos a militantes libertarios y candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en distintas delegaciones de Santa Fe.
Entre los beneficiados se encuentran al menos dos integrantes del armado político de Juan Pedro Aleart, presentador televisivo y candidato a convencional constituyente por el departamento Rosario. Además, fueron nombrados en el Pami una decena de postulantes a convencionales y concejales en otras localidades santafesinas, lo que generó fuertes críticas en el ámbito político y sindical.
Nombramientos en medio de despidos
Pese a que el gobierno de Javier Milei llegó al poder con el discurso de combatir la «casta política», las recientes designaciones en el Pami contradicen esa postura. Según fuentes gremiales, entre los nuevos empleados de la obra social de jubilados se encuentran Leonel Montesanto, candidato a concejal en Rosario, quien fue asignado al CAP de Granadero Baigorria, y Manuela Camila Costas, primera suplente en la lista local, quien ingresó a la delegación Rosario.
Otros casos incluyen a Daniela Scaglia (candidata en Rufino, empleada en el CAP de esa ciudad), Lorena Salvucci (Beravebú, CAP Rufino), María Lía Amato (Venado Tuerto, CAP Villa Cañás), Cecilia Ledesma (Tostado), Rafael González (San Guillermo), Ezequiel Peña (Las Toscas), Nanci del Valle Capovilla (Ceres), Brian Macieszonek (San Justo), Yoana Carruega (San Cristóbal), Elisabet Micocci (Santo Tomé) y Germán Ricca (San Javier).
Los nombramientos generan aún más polémica considerando que los directivos del PAMI perciben sueldos de entre 2,4 y 3 millones de pesos mensuales, mientras los jubilados enfrentan un ajuste severo en sus prestaciones.
Reacciones y posibles acciones legales
Desde el Consejo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) preparan una denuncia por presunta violación a la Ley de Asociaciones Profesionales. En paralelo, la Justicia ya comenzó a intervenir en casos de despidos injustificados dentro del organismo. En un fallo reciente, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, declaró nulas las cesantías de dos funcionarias del PAMI al considerar que fueron discriminadas por su orientación política y militancia partidaria.
El fallo no solo ordena la reincorporación inmediata de las trabajadoras, sino que refuerza la protección de los derechos laborales y el principio de igualdad en el ámbito público.
Las designaciones en el PAMI ponen en tela de juicio la coherencia del discurso oficialista y avivan el debate sobre la transparencia en la asignación de cargos dentro de la administración pública.