En los últimos meses, los trabajadores viales han señalado reiteradamente la falta de recursos y denunciado intentos del gobierno por privatizar tramos clave de rutas nacionales
El Sindicato Trabajadores Viales de la República Argentina y Afines (STVyARA) denunció un severo desfinanciamiento en Vialidad Nacional, que atribuyen a una decisión de la Casa Rosada de retener el 42% del presupuesto asignado para el año 2024. Esta medida, afirman, compromete gravemente el mantenimiento de la red vial y la conectividad nacional, dificultando el cumplimiento de las funciones esenciales del organismo.
Según el sindicato que lidera Graciela Aleñá, Vialidad Nacional recibió un presupuesto ampliado de $604.738 millones para 2024, pero solo $254.540 millones fueron efectivamente transferidos, mientras que $350.197 millones quedaron retenidos por el Ministerio. Este recorte presupuestario afecta directamente las obras públicas y amenaza con profundizar la crisis en el sector vial.
En los últimos meses, los trabajadores viales han señalado reiteradamente la falta de recursos y denunciado intentos del gobierno por privatizar tramos clave de rutas nacionales. Aleñá advirtió que este desfinanciamiento es parte de un plan que busca «desmantelar Vialidad Nacional y avanzar hacia la privatización». Según la dirigente gremial, experiencias previas de concesión en diversas provincias fracasaron rotundamente, dejando costos que luego fueron asumidos por los ciudadanos.
En paralelo a la denuncia sindical, el gobierno de Javier Milei anunció el inicio del proceso para privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Según el decreto 28/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, la primera licitación abarcará el corredor vial 18, conocido como «Ruta del Mercosur», que incluye más de 600 kilómetros de vías estratégicas conectando Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay.
El plan contempla la transferencia de trece tramos, que representan el 20% de la Red Vial Nacional pero concentran el 80% del tránsito vehicular. Entre los corredores a concesionar figuran rutas clave como la 12, la 14 y el tramo Rosario-Victoria de la ruta 74.
El gobierno justificó la medida como una estrategia para «reducir el gasto público», proyectando un ahorro de 6.100 millones de dólares a lo largo de 15 a 20 años. Además, se aseguró que el nuevo sistema no contará con subsidios estatales, buscando una «gestión eficiente» por parte del sector privado.
Desde el sindicato vial señalaron que la privatización de estos tramos no solo podría encarecer los costos para los usuarios, sino también generar un deterioro en el mantenimiento y seguridad de las rutas. «Estamos frente a un modelo que ya demostró sus fallas en el pasado. Este esquema no beneficia ni a los usuarios ni a los trabajadores, sino que prioriza los intereses del capital privado», concluyó Aleñá.
La situación pone en evidencia una tensión creciente entre el gobierno nacional y los trabajadores del sector vial, mientras se debate el futuro de una infraestructura clave para el desarrollo y la conectividad del país.