La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas y la Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques (CAFAS), advirtieron que en algunas provincias hay demoras en la implementación de las nuevas configuraciones de vehículos, vinculadas con un incremento en la capacidad máxima de carga.
A través de un decreto, el Gobierno aumentó en enero último la capacidad máxima de carga de 45 a 75 toneladas, para reducir costos al sector, pero algunas provincias, como Santa Fe, aún no adhirieron a la medida. «Las consecuencias son pérdidas económicas, menor compra de camiones y el peligro de tener que reducir los puestos de trabajo», alertaron ambas entidades empresarias.
Además, recordaron que ese decreto -que modificó la Ley de Tránsito- «permite ofrecer al mercado distintas configuraciones para adecuar a las unidades de transporte a las nuevas reglas de juego». «Al mismo tiempo, intenta bajar los costos logísticos al generar alternativas de fabricación de equipos más económicos, con mayor seguridad vial y mejor productividad», añadieron.
Los transportistas se quejaron por la demora de algunas provincias en adherir al decreto en cuestión, que -insistieron- «permite circular con nuevas capacidades, que mejorarían los costos logísticos y las economías regionales».
«Invertimos para modificar o adquirir equipos con las nuevas configuraciones, pero no pueden implementar los cambios debido a la dilación en la adhesión provincial a la normativa. Como consecuencia, se inmovilizan los activos y se deben suspender las inversiones, lo cual se ve reflejado en la caída de las ventas de camiones pesados del orden del 30% y de remolques en el orden del 15%», advirtieron FADEEAC Y CAFAS. Esta última entidad aseguró que las ventas del sector registraron en los últimos meses un descenso del 50% interanual.