La acusación penal contra el jefe de Gobierno porteño recayeron en el Juzgado federal Nº 4 a cargo de Ariel Lijo
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, fueron denunciados penalmente hoy, en dos presentaciones en paralelo, por la presunta «privatización de la vacunación contra el coronavirus» al «entregarles dosis a algunas obras sociales y medicinas prepagas para uso exclusivo de sus afiliados».
Además, fueron acusados de la aplicación de vacunas a «militantes de Juntos por el Cambio en una asociación vecinal de Parque Chacabuco cuya referente es una dirigente radical», según detallaron ambos denunciantes ante la consulta de Télam.
Ambas denuncias fueron presentadas a primera hora de hoy y, tras el sorteo correspondiente, recayeron en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo.
Las denuncias sobre presuntas irregularidades en la realización de la campaña vacunatoria en la CABA apuntan contra Rodríguez Larreta y Quirós, y los acusan, en el primer caso, de incumplimiento de los deberes de funcionario público y por el mismo delito más cohecho, malversación de caudales públicos, y propagación de enfermedad, en el segundo.
La primera denuncia fue realizada por la abogada laboralista Natalia Salvo, quien acusa a las autoridades del GCBA por la «privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus» debido a «los contratos con prepagas y obras sociales, a las que se les entregó dosis para el uso exclusivo de sus afiliados».
En diálogo con Télam, la letrada aseguró que la imputación contra Rodríguez Larreta y Quirós está basada en el hecho de haber aparentemente privilegiado a un sector de la población porteña -los afiliados de ciertas obras sociales y prepagas- por sobre otra franja de ciudadanos del mismo distrito.
«En la ciudad de Buenos Aires se está privatizando la vacunación contra el coronavirus. Esto es una estafa a los porteños y también al Estado nacional, que es el que adquirió las vacunas, que son un bien de utilidad pública esencial y escaso en el mundo», acusó Salvo.
Y luego puntualizó: «Una cosa es acordar una cooperación con una entidad, para utilizar sus instalaciones y allí realizar la vacunación, como sucede en la provincia de Buenos Aires, y otra cosa es hacer un convenio con las obras sociales y prepagas y entregarles las vacunas para que se las administren a sus afiliados. Son dos cosas muy distintas», contrastó.
«En esta acción el problema es que se genera unos ciudadanos porteños de primera, los que tienen esas prepagas y obras sociales a los que la Ciudad le entregó las vacunas, y los de segunda, que sería el resto de la población que no tiene ese privilegio para acceder al plan de vacunación con mayor facilidad», denunció.
La abogada también aseguró que existen «contratos» entre el GCBA con prepagas y obras sociales «cuyos términos desconocemos», por lo que exigió al Gobierno porteño «que informe a qué entidades le dio vacunas y quiénes fueron los vacunados».
«Las prioridades en la vacunación no pueden ser caprichosas, arbitrarias ni infundadas, sino que hay una resolución del Ministerio de Salud de Nación que establece el criterio (para asignar las vacunas en esta etapa de la campaña) y son para los que están más expuestos», remarcó la abogada.
En el escrito presentado en Comodoro Py se adjunta como prueba un comunicado del Gobierno porteño que en su portal -www.buenosaires.gob.ar- publicó un aviso oficial con el título «Plan de Vacunación COVID-19 para adultos mayores», en el que señala: «Si tenés alguno de estos prestadores de salud podés consultar con ellos cómo acceder a la vacunación».
Las prepagas que se mencionan en el sitio web del GCBA son: Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; las obras sociales, en tanto, son OSECAC (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).
Otra de las pruebas que acompañó la letrada es una notificación del Sanatorio Güemes, que en su propio portal -www.sg.com.ar- informó: «Comenzaremos a implementar la campaña de vacunación para pacientes afiliados a Hominis y OSUTHGRA -obra social de los gastronómicos-«.
«¿Quiénes se pueden vacunar hoy? Adultos mayores de 80 años», dice la publicación del Sanatorio Güemes, que además detalla: «Es indispensable además contar con los siguientes requisitos: ser afiliado de Hominis u OSUTHGRA y residir en la Ciudad, entre otros».
Además, Salvo acompañó una captura de pantalla del portal web del Hospital Alemán en la que se puede leer: «Sólo los socios (del Plan Médico de ese centro de salud privada) contemplados en esta primera etapa podrán solicitar turno para vacunarse al 4827-7070, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs».
La denuncia contra Rodríguez Larreta y Quirós les imputa el delito de mal desempeño de funcionario público, que prevé una pena de 6 meses a 2 años.
De acuerdo a Salvo, al ceder vacunas a sanatorios privados y obras sociales el GCBA está incumpliendo «el orden de prioridad que establece la resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud, que implementa el Plan Estratégico contra la Covid-19»: esa norma estableció que el primer grupo poblacional a vacunar son «los integrantes del sistema de salud público y privado».
La otra denuncia contra las autoridades del GCBA fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil ‘Encuentro Vecinal Sur’ en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría «vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos», según la denuncia presentada por el letrado.
«Se podría hablar de un vacunatorio PRO, porque allí se estaría vacunando a personas afines a Juntos por el Cambio, al radicalismo, porque la referente de esa asociación civil pertenece a la UCR, y además ese espacio funciona también como un local político tipo comité, como se puede ver sus redes sociales», aseguró el denunciante Castro Bianchi ante la consulta de Télam.
«Esta asociación vecinal (por ‘Encuentro Vecinal Sur’) sería un comité radical conducido por la auditora general de la Ciudad, Raquel Herrero», afirmó el abogado.
Castro Bianchi también señaló que en las redes sociales de la entidad «se observa la vinculación política» con Juntos por el Cambio y, en ese sentido, destacó como prueba unas imágenes en las que «se puede ver a Patricia Caseres, directora general de la Auditoría de la ciudad y militante de Vamos Juntos, quien participó en una charla partidaria junto con Agustín Forchieri, vicepresidente de la Legislatura y titular del bloque Vamos Juntos (oficialismo en la CABA)».
«Si esta asociación fuera solamente un lugar de informes y de vacunación no habría ningún inconveniente, pero el problema surge cuando existen denuncias que allí se estaría vacunando a personas por afinidad política», criticó Castro Bianchi, quien calificó al hecho de «muy grave».
Por último, el letrado agregó: «A raíz de la denuncia que presenté hoy, me están llegando más pruebas de prácticas clientelistas y de vacunación paralela del Gobierno porteño y de comités políticos barriales hacia afiliados de partidos que integran Vamos Juntos que se realizan en otras comunas de la ciudad».
«Todo esto ratifica que lo que yo denuncié se puede verificar simplemente si la Justicia actúa», reafirmó.