Tras la presentación judicial realizada por su esposa por presuntos malos tratos, Roly Santacrocce habló en redes sociales y aseguró que se trata de un “proceso de separación” que no afecta su gestión al frente del municipio
El intendente de Funes, Roly Santacroce, quedó en el centro de la escena pública luego de que su esposa lo denunciara por presuntos malos tratos, agresiones verbales e intimidaciones. En paralelo, el mandatario realizó un descargo a través de sus redes sociales, donde enmarcó la situación en un conflicto “netamente personal”.
“Estoy viviendo después de 20 años un proceso de separación con mi esposa. Lo estamos solucionando en familia como corresponde, por mis hijos y también por ella”, expresó Santacroce, quien remarcó que el episodio “ha escalado a un nivel que realmente no queríamos”.
En su mensaje, el intendente sostuvo que el hecho no afecta su rol institucional ni su gestión: “Me siento con la misma fuerza y ganas que siempre tengo para seguir gobernando esta ciudad”, afirmó.
La denuncia
La presentación fue realizada en la comisaría 23ª por la esposa del intendente, una profesional médica de 51 años, quien solicitó la intervención urgente de la Justicia para “proteger la integridad psicológica” propia y la de sus hijos adolescentes.
En la denuncia, la mujer señaló que en reiteradas oportunidades el jefe municipal habría adoptado actitudes agresivas en forma verbal, lo que —según su testimonio— la llevaba a encerrarse con llave junto a sus hijos por temor a su integridad.
También manifestó que Santacroce organizaba reuniones nocturnas en un quincho ubicado en el fondo de la vivienda familiar, donde —según describió— ingresaban personas ajenas al grupo familiar para ingerir alcohol hasta altas horas de la noche.
Además, sostuvo que el intendente habría retirado dinero en efectivo del hogar y aseguró que actualmente ya no convive en el domicilio familiar. “No quiero que vuelva al domicilio”, expresó en su declaración.
En el cierre de la denuncia, la mujer afirmó: “Desde el día de hoy no quiero sufrir más esos malos tratos e intimidaciones que me generan su presencia en el hogar común que compartimos con nuestros hijos adolescentes de 14 años. Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía”.
La situación quedó ahora en manos de la Justicia, mientras el caso continúa generando repercusiones políticas e institucionales en la vecina ciudad.