El contraalmirante López Mazzeo, imputado en la causa, reconoció que veinte días después de la desaparición del navío, el gobierno de Macri sabía en qué posición se encontraba
En las últimas horas se desarrolló una declaración clave en el marco de la investigación por el hundimiento del submarino ARA San Juan, con sus 44 tripulantes. El contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y uno de los imputados en la causa por el hundimiento del navío, afirmó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que el gobierno de Mauricio Macri conocía la ubicación de la nave siniestrada al menos desde el 5 de diciembre de 2017, veinte días después de su desaparición.
Esta información sobre la posición del submarino, revelada por el buque chileno Cabo de Hornos, y el conocimiento de la misma por parte de la Armada y el gobierno nacional, generó total indignación por parte de los familiares de los fallecidos y los abogados querellantes que los representan, entre ellos Fernando Burlando y Valeria Carreras.
“Cuando usted vea toda la documentación, se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera que fue el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate) teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”, dijo López Mazzeo a la Justicia.
Cabe recordar que el 5 de diciembre de 2017, Enrique Balbi, por entonces vocero de la Armada, dijo en conferencia de prensa que no había “mayores novedades” respecto a la búsqueda del submarino. “En estos momentos se encuentra inspeccionando ese objeto o alteración de fondo, que puede ser metálico o no metálico, que detectó hace unos días el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que se encuentra a 940 metros”. agregó.
Asimismo, Balbi expresó que el objeto tenía solo 30 metros y que el ARA San Juan tenía una dimensión mayor. Sin embargo, cuando un año después el buque noruego Seabed Constructor, operado por la empresa norteamericana Ocean Infinity, lo halló en una zona muy próxima a la señalada por el buque chileno, se constató que el submarino tenía 33 metros.
Otra razón que aumenta la indignación de los familiares es la negativa de la Armada Argentina a autorizar al rompe hielo HMS Protector, de la Armada británica, a realizar la tarea de búsqueda, cuando la misma se había ofrecido a hacerlo.
En ese entonces, la Armada Argentina estaba a cargo del almirante Marcelo Srur, quien según López Mazzeo nunca autorizó la búsqueda. Sin embargo, desde el entorno de Srur, quien no se encuentra imputado en la investigación, dijeron que el ex jefe pidió autorización al Ministerio de Defensa, que estaba a cargo de Oscar Aguad, a través del entonces secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Horacio Aldo Chighizola. Éste habría dicho que tenía que solicitar autorización a Cancillería, por tratarse de Gran Bretaña, con quien el país mantiene una disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.
También fuentes cercanas a Srur dijeron a Infobae que Chighizola obtuvo la autorización política para que la Marina Británica inicie la exploración en el área señalada por el buque Cabo de Hornos y que se la comunicó telefónicamente a López Mazzeo. Sin embargo este último no intensificó la búsqueda en ese lugar.
“En caso de confirmarse lo que dijo López Mazzeo ante el tribunal estamos frente a un escándalo sin precedentes”, afirmó a Infobae la abogada Valeria Carreras, quien junto a Fernando Burlando integran la querella mayoritaria. Ambos han solicitado las imputaciones del ex presidente Macri, el ex ministro de Defensa, Aguad, y del ex jefe de la Armada, Srur. La solicitud contó con el acompañamiento del fiscal de Cámara y ahora será el tribunal quien deberá decidir si acepta o no las nuevas imputaciones solicitadas.
“Legalmente la declaración de López Mazzeo obliga a realizar una causa aparte, por el ocultamiento y la complicidad que venimos denunciando siempre, pero desdobla la causa en dos porque no hay que olvidar que se debe determinar quienes son los responsables de las 44 muertes”, afirmó la querellante y precisó: “En ese segundo expediente deberá investigase a los responsables de semejante ocultamiento, de las contrataciones a empresas de búsqueda, del beneficio que trajo la saga de cargos, gastos, y movidas para seguir tapando la verdad. Especialmente habrá que analizar, quienes estaban en conocimiento de la ubicación de los restos del submarino”.
El procesamiento fue el 31 de enero de este año y se completa con el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina. Se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”.
El posible hallazgo del ARA San Juan los primeros días de diciembre de 2017 se vio reflejado en la prensa y en la propia armada trasandina que reprodujo las declaraciones del Capitán de Navío César Miranda, comandante del buque Cabo de Hornos, quien señaló: “En el marco de las incesantes labores y de los múltiples contactos establecidos, realizamos un hallazgo de un objeto a 940 metros de profundidad a través de los ecos del buque. Aún resta que la Armada Argentina, con apoyo del buque ruso Yantar y un robot submarino, precise la naturaleza del objeto detectado, pero de todas formas estamos orgullosos del largo y sacrificado trabajo efectuado para apoyar a un país amigo”.
El Yantar efectivamente exploró la zona. La Marina Rusa nunca comunicó los resultados en la amplia zona que barrió. Por su parte, la Armada Argentina aseguró que ninguno de los “contactos” detectados por el Yantar o el Cabo de Hornos eran del ARA San Juan. Sin embargo, las palabras de López Mazzeo ponen en duda esas afirmaciones y aviva las especulaciones que detrás de la posterior búsqueda del submarino, existió un posible negocio económico.
De hecho, el anuncio del hallazgo del ARA San Juan, el 17 de noviembre de 2018, despertó en su momento suspicacias, sobre todo porque el buque Seabed Constructor dejó para su último día de rastrillaje la zona que había señalado un año antes el buque Cabo de Hornos y que las Armadas de Reino Unido y los Estados Unidos habían aconsejado explorar en profundidad.
“Si la Armada lo sabía, si Aguad lo sabía, si Macri lo sabía, ¿por qué fingir la búsqueda y contratarla?», se pregunta ante este medio Burlando, e intenta aproximar una posible respuesta: “Mentiras, traición, corrupción, espionaje, pérdida de vidas, de esperanzas, y mucho más, en eso se transformó la causa por el hundimiento del ARA San Juan. Lamentablemente es una investigación inconexa y una trama que ni en ficción se puede reproducir. El gran final de toda esta insensatez es el último dato de que ‘aparentemente’ se conocía la ubicación del submarino. Es una gran locura, una gran traición que solo puede justificarse en las almas negras de la corrupción o del afano ¿Cómo se le puede mentir a una madre, a una esposa a una mujer en una situación así?”.
La querella representaba por Burlando y Carreras le adelantó a Infobae que impulsarán a la Justicia para que, a través de distintas medidas de prueba, los dichos de López Mazzeo, uno de los seis imputados en el expediente, sean ratificados y desmentidos.