Debido a la crisis económica se suman personas a este ámbito laboral ilegal en las calles de la ciudad
La crisis social y económica en Argentina ha llevado a un incremento del 30% en la actividad de cuidacoches en Rosario, según estimaciones de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad. Este fenómeno está estrechamente vinculado con el aumento de personas en situación de calle, algunas de las cuales también enfrentan pedidos de captura por la Justicia penal. Las denuncias de los vecinos incluyen casos de hostigamiento, agresiones verbales o físicas, y disturbios en la vía pública.
Desde el 18 de abril, el municipio ha relevado a 320 personas que se dedican a esta actividad ilegal, y se espera que el número continúe creciendo. Las autoridades han implementado un dispositivo de control en 17 cuadrículas, en coordinación con la Policía de Santa Fe, abarcando las zonas más concurridas de la ciudad como el Paseo del Siglo, Pichincha, y el entorno del Parque España. Los operativos han resultado en 15 detenciones, algunas de ellas relacionadas con posesión de armas blancas y pedidos de captura.
En cuanto a las soluciones propuestas, el Concejo Municipal debate entre una prohibición total de la actividad y una reglamentación que permita un registro de las personas involucradas para ofrecerles otras herramientas.
La concejala Fernanda Gigliani propone una «transición ordenada» que aborde el problema de fondo, mientras que otros, como el concejal del PRO, Carlos Cardozo, abogan por un enfoque más punitivo y coordinado con las autoridades provinciales, según un informe del diario La Capital.
Por su parte, el concejal Leonardo Caruana ofrece una perspectiva más social, destacando la necesidad de regular la actividad en el contexto de la creciente pobreza y vulnerabilidad social en Rosario. Caruana subraya que no todos los cuidacoches están vinculados a la violencia y que muchos tienen relaciones estables y positivas con los vecinos, lo que requiere una regulación más sensible y ajustada a la realidad social.
La discusión en el Concejo y la Legislatura provincial continúa, mientras el municipio busca mantener una presencia constante de inspectores en las calles para controlar una actividad que sigue creciendo a la par de la crisis.