La filtración contenía datos sobre unos 12 espías argentinos que trabajaban en diferentes países, además de seis convenios internacionales secretos con Estados Unidos, España, Bolivia y Paraguay
La filtración de identidades de agentes y de documentos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) provocó cruces de acusaciones entre la titular del organismo, Cristina Caamaño, y los funcionarios judiciales que tuvieron en sus manos la información.
Se trata de documentación que fue incorporada a la causa judicial donde se investiga a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre una gran cantidad de agentes que reportaron en la AFI, por supuestas actividades de espionaje ilegal durante el macrismo.
En julio, la fiscal Cecilia Incardona solicitó información a la AFI y luego, con la aprobación del juez Juan Pablo Augé, esa documentación fue subida al sistema al cual pueden acceder unas 80 partes que lo son de la causa judicial.
Esa documentación que terminó siendo filtrada en la prensa contenía la identidad de varios agentes, convenios de la AFI con otros servicios de inteligencia de otros países, procedimientos, etc.
Al ser filtrada en la prensa, la fiscal pidió quitar ese documento con los datos sensibles del sistema.
Desde la AFI acusan por imprudencia a la fiscalía porque subieron el documento sin haberlo testado ni tampoco utilizarlo para que las partes sólo lo consulten de manera personal y evitar así la copia y reproducción.
Por otra parte, los funcionarios judiciales aseguran que quienes debieron enviar la información sensible encriptada o bien testada es la AFI.
Ahora, en la Justicia hay una causa en manos de la jueza María Servini de cuatro ex agentes de la AFI que denunciaron a Caamaño, en tanto que en el juzgado de María Eugenia Capuchetti se encuentra la presentación que hizo la titular del organismo de inteligencia, que si bien no apunta de manera directa a la fiscalía por esta cuestión, sí lo hace indirectamente.
Tras la filtración, la AFI afirmó que regresaron a la Argentina casi todos los espías cuyos datos estaban incluidos en los papeles que salieron a la luz.
Entre ellos se encontraba también el agente instalado en el Líbano, que estaba en funciones al momento de conocerse la información.
La filtración contenía datos sobre unos 12 espías argentinos que trabajaban en diferentes países, además de seis convenios internacionales secretos con Estados Unidos, España, Bolivia y Paraguay, sin consulta con esos países.