Desde Vialidad Nacional advierten que entre el 70% y el 75% de la red vial del país se encuentra en estado regular o malo y cuestionan la falta de mantenimiento
La crisis de la red vial nacional sumó un nuevo capítulo en Santa Fe. La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional avanzar con la reparación urgente de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en distintos tramos del sur de la provincia, luego de una presentación judicial realizada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio.
La medida pone nuevamente en el centro de la escena el deterioro de las rutas nacionales y su impacto tanto sobre la seguridad vial como sobre el transporte de cargas y la actividad productiva.
En diálogo con Radio UNR, el secretario General adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Cattanzaro, aseguró que el problema excede ampliamente a los corredores alcanzados por la resolución judicial.
Según el dirigente, entre el 70% y el 75% de la red vial nacional se encuentra actualmente en estado “regular a malo”.
“Estamos ante un colapso de la red vial”
Cattanzaro definió la situación como un “colapso” y atribuyó el deterioro a una decisión política de paralizar la obra pública y reducir las tareas de mantenimiento.
El referente de los trabajadores de Vialidad Nacional remarcó que conservar las rutas existentes no debería quedar sujeto a una definición política, sino que constituye una obligación establecida por la propia Ley de Vialidad Nacional.
El deterioro tiene además consecuencias directas sobre la producción. Las rutas nacionales son utilizadas diariamente para trasladar gran parte de la producción agropecuaria e industrial y funcionan como una infraestructura central para la logística del país.
En el caso del sur santafesino, la situación adquiere especial relevancia por el movimiento permanente de camiones y por la conexión de las distintas localidades con los principales corredores productivos.
Fondos para las rutas y equilibrio fiscal
Uno de los principales cuestionamientos de Cattanzaro estuvo dirigido al manejo de los recursos destinados específicamente a la infraestructura vial.
El dirigente sostuvo que el propio Gobierno nacional admite que retiene fondos destinados al mantenimiento y reparación de rutas con el objetivo de priorizar el equilibrio fiscal.
Según su planteo, esos recursos permanecen sin ser destinados a las obras necesarias mientras las rutas acumulan deterioro y aumenta el riesgo para quienes las utilizan.
Cattanzaro cuestionó además el destino financiero que, según denunció, se le estaría dando a parte de esos recursos y habló de una utilización vinculada a la denominada “bicicleta financiera”.
El crédito del BID que quedó sin utilizar
Como ejemplo del impacto que puede tener la falta de ejecución de obras estratégicas, el dirigente mencionó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares destinado a la ampliación del paso internacional Cristo Redentor, uno de los principales corredores comerciales entre Argentina y Chile.
Según explicó, el crédito no fue utilizado y el país terminó afrontando más de 40 millones de dólares en intereses y comisiones vinculados con ese financiamiento.
Para Cattanzaro, el caso refleja el costo que puede tener la paralización de proyectos de infraestructura que resultan estratégicos para la economía nacional.
Críticas a las nuevas concesiones viales
El referente de Vialidad Nacional también cuestionó el esquema de nuevas concesiones de rutas impulsado por el Gobierno nacional.
En ese sentido, calificó el modelo como una “trampa” y sostuvo que el negocio privado solamente resulta atractivo en aquellos corredores de mayor circulación, principalmente en la denominada zona núcleo.
El problema, advirtió, es qué ocurrirá con el resto de la red nacional, que comprende alrededor de 40.000 kilómetros.
Según su análisis, las rutas con menor tránsito no ofrecen una rentabilidad suficiente para atraer inversiones privadas, por lo que podrían quedar nuevamente relegadas si el Estado abandona las tareas de mantenimiento.
Más peso para los camiones, pero sin infraestructura
Cattanzaro también cuestionó las recientes medidas vinculadas con los pesos y dimensiones de los camiones y la liberación de determinadas condiciones de circulación.
A su entender, modificar las exigencias para el transporte pesado sin acompañar esas decisiones con una política de modernización de la infraestructura puede profundizar todavía más el deterioro de las rutas.
El dirigente advirtió que una mayor circulación de vehículos pesados sobre una red que ya presenta graves problemas de mantenimiento podría acelerar su destrucción.
A esto se suma, según explicó, un problema estructural: el diseño de la red vial argentina prácticamente no evolucionó durante las últimas tres décadas, mientras que el parque automotor y el tránsito de cargas crecieron de manera significativa.
La falta de trenes, otro problema estructural
Para Cattanzaro, la crisis vial tampoco puede analizarse de manera aislada. La falta de un sistema ferroviario de cargas con capacidad suficiente obliga a trasladar una enorme cantidad de mercadería por las rutas.
De esta manera, la combinación entre crecimiento del transporte automotor, mayor peso de los camiones, falta de inversiones y ausencia de una red ferroviaria complementaria genera una presión creciente sobre la infraestructura vial.
La orden judicial para reparar las rutas 7, 8 y 33 en Santa Fe vuelve a poner el problema en agenda. Pero el diagnóstico planteado desde Vialidad Nacional es mucho más amplio: el deterioro de los corredores santafesinos sería apenas una expresión de una crisis que alcanza a buena parte de la red vial argentina, con consecuencias que van desde la seguridad de quienes circulan hasta los costos logísticos y la competitividad de la producción.