En marzo de 2024 fueron asesinados Héctor Figueroa, Diego Celentano y Bruno Bussanich. Hoy la Justicia dictó la prisión preventiva
Trece meses después de los asesinatos que se estremecieron en Rosario en marzo de 2024, la Justicia imputó este martes con prisión preventiva a tres personas por haber organizado y financiado la ejecución de los crímenes de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano y del playero Bruno Bussanich. Las víctimas fueron seleccionadas como blancos estratégicos para infundir terror en la población y forzar una reacción política frente a las medidas de endurecimiento en las condiciones carcelarias.
Según la acusación presentada por los fiscales Patricio Saldutti y Adrián Spelta, los imputados formaban parte de una organización delictiva que operaba desde distintas unidades penitenciarias, utilizando redes de menores de edad como sicarios, a quienes les pagaban sumas de entre 200.000 y 400.000 pesos por cometer los homicidios. La audiencia se realizó este martes, y el juez de Primera Instancia Gustavo Pérez de Urrechu dictó la prisión preventiva efectiva para Johana A., Maximiliano G. y Alejandro C.
El contexto: violencia como mensaje
La investigación reveló que los asesinatos no fueron hechos aislados ni motivados por conflictos personales. Se trató de ataques cuidadosamente planificados, impulsados por personas privadas de libertad que buscaron “provocar temor en la población de Rosario” mediante atentados contra trabajadores de servicios esenciales: taxis, colectivos, estaciones de servicio, farmacias, comisarías y hasta recolección de residuos.
El trasfondo, según la Fiscalía, fue una represalia directa al endurecimiento de los regímenes penitenciarios en cárceles provinciales y federales. Los responsables buscaban presionar a las autoridades mediante un mensaje mafioso que, de hecho, logró paralizar por varios días al sistema de transporte y conmocionó a toda la ciudad.
Desde el pabellón Nº 28 de alto perfil de la Unidad Penal 11 de Piñero, Alejandro Isaías N. –ya imputado en causas anteriores– impartió órdenes a Brenda Natalí P., quien cumplió arresto domiciliario en Funes. Ella fue quien, en la calle, organizó los crímenes: seleccionó objetivos, articuló a los autores materiales, proveyó armas y gestionó los pagos. Otros nombres involucrados en la causa son Gustavo M., Macarena M., Axel R., Raúl P. y Matías M., entre otros.
El asesinato de Héctor Figueroa
El primer ataque fue el 5 de marzo de 2024. Dos menores de 15 y 16 años fueron convocados al domicilio de los organizadores en calle Lamadrid al 1600, donde recibieron instrucciones, un arma y una nota amenazante. Esa noche, el menor de 15 años abordó el taxi de Figueroa en Oroño y Uriburu. El viaje terminó en Flamarión y Lamadrid, donde lo esperaba el otro joven. Cuando el vehículo llegó, uno de los menores abrió fuego directamente contra el conductor, provocando su muerte inmediata por impactos de bala en la cabeza. El atacante huyó y luego recibió el pago por el crimen: 200.000 pesos en efectivo entregados por Johana A.
El crimen de Diego Celentano
Veinticuatro horas después, el 6 de marzo, ocurrió el segundo asesinato. El taxi de Celentano fue solicitado mediante WhatsApp por Raúl P. desde Lamadrid al 400 bis. El viaje culminó en Marcelo T. de Alvear y Garmendia, donde dos personas que se encontraban en el asiento trasero le dispararon por la espalda, a corta distancia. El ataque fue mortal, y nuevamente se cumplió con la lógica del “pago por ejecución”: los autores materiales recibieron 200.000 pesos por parte de Johana A., por orden de Gustavo M. y Macarena M.
El asesinato de Bruno Bussanich
El tercer crimen fue el 9 de marzo. En esta ocasión, el objetivo era un empleado de la estación de servicio ubicada en Mendoza y Rojas. El menor de 15 años que ejecutó el crimen fue trasladado por adultos y recibió instrucciones a través de una videollamada realizada desde el penal de Coronda, donde se encontraba detenido Maximiliano G. Con apoyo logístico de Joana G. –quien llevó el arma y la nota amenazante al lugar– y con Alejandro C. como conductor del vehículo, el menor asesinó al jugador Bussanich sin que mediara palabra. Solo debían ejecutar el mensaje: matar a un trabajador para seguir generando miedo.
La causa judicial que ahora avanza busca desentramar la red completa detrás de estos ataques. Se estima que al menos una decena de personas adultas y varios menores de edad participan de los crímenes, cumpliendo distintos roles: desde los que daban las órdenes desde la cárcel, hasta quienes facilitaron armas, vehículos, logística, y quienes cometieron los homicidios.
La organización demostró una capacidad operativa de alarmante para coordinar crímenes desde distintas cárceles, mediante celulares y enlaces con personas en arresto domiciliario. Las amenazas incluyeron mensajes directos al gobernador y apuntaron a generar un caos que puso en jaque a toda la ciudad.
La investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones. Rosario, una vez más, se encuentra en el centro del debate nacional sobre el crimen organizado, las redes que operan desde las cárceles y la protección de los trabajadores que todos los días ponen el cuerpo en las calles.