Un tribunal oral de Lomas de Zamora comenzará a juzgar a partir del 18 de febrero próximo a los dos acusados por el femicidio de Anahí Benítez. La adolescente de 16 años fue hallada asesinada en la reserva Santa Catalina de la localidad bonaerense de Llavallol en 2017.
El debate tendrá en el banquillo a Marcos Esteban Bazán (36) y Marcelo Sergio Villalba (42), quienes están imputados por haber abusado de la joven y luego haberla matado.
La madre de Anahí, Silvia Pérez Vilor, explicó que «actualmente se están realizando pericias en la instrucción suplementaria» de la causa, entre éstas un estudio de ADN sobre cuatro cabellos de la víctima en los que no se había encontrado material genético.
Por ese motivo, la familia de la víctima presentó como peritos de parte al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que volverá a hacer ese estudio.
Además, está pendiente que se realice un análisis exhaustivo del teléfono celular y de las redes sociales de Anahí (Facebook y Whatsapp), ya que por distintos motivos no pudo efectuarse en la etapa de instrucción.
Con ese fin, Pérez Vilor, que es de ciudadana española, le pidió colaboración a Interpol de ese país, que aseguró que podrían hacer el rastreo en sólo 48 horas para que esas pruebas puedan sumarse al juicio.
«De no poder terminarse para esa fecha, mi abogado va a pedir la postergación del juicio, ya que los retrasos se deben a la excesiva burocracia», sostuvo la madre de la víctima.
El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7, integrado por Roberto Conti, Elisa López Moyano y Roberto Lugones, mientras que el fiscal de juicio será Hugo Daniel Carrión.
La fiscal Especializada en Violencia de Género que instruyó la causa, Fabiola Juanatey, pidió en su requerimiento de elevación a juicio que Bazán sea juzgado como coautor de «privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género» y como partícipe necesario de «abuso sexual agravado por acceso carnal».
Asimismo, pidió como imputación alternativa que Bazán sea enjuiciado por «encubrimiento agravado».
En tanto, a Villalba lo acusa por «robo, abuso sexual agravado por acceso carnal» en carácter de autor, y por «privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género» en calidad de coautor.
Con esas calificaciones, en caso de ser hallados culpables, ambos imputados enfrentan una condena de prisión perpetua.
En el caso de Villalba, un estudio de ADN determinó que su perfil genético coincidía con el semen hallado en el cuerpo de la víctima, por lo que quedó directamente involucrado como presunto autor de la violación.
El hecho ocurrió el 29 de julio de 2017, cuando la adolescente salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para caminar unas cuadras hacia el Parque Municipal Eva Perón.
Su familia denunció la desaparición y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.
La autopsia determinó que la joven había muerto por asfixia por sofocamiento y que había sido víctima de un ataque sexual.
Dos días después, Bazán fue detenido luego de que perros rastreadores marcaran su casa, situada a 300 metros del lugar del hallazgo, donde se encontró una olla con arroz similar al encontrado en el estómago de la víctima, ropa de mujer, pelos y manchas de sangre.
El sospechoso aseguró ante la Justicia que no conocía a Anahí, que su casa no tiene medidas de seguridad que impidan el acceso de terceros, que la ropa femenina era de su novia y los pelos y manchas sospechosas podían ser de alguno de los animales que rondan por el predio.
En tanto, Villalba fue detenido el 16 de agosto de ese año, luego de que los investigadores determinaron que había tenido en su poder el celular Samsung Core de la adolescente asesinada y se lo había regalado a su hijo con otro chip.
En su descargo, aseguró que había encontrado el teléfono tirado y negó conocer a Bazán, a la víctima y a las demás personas nombradas en el expediente.
Además, fue condenado el 14 de septiembre último en Capital Federal a un año de prisión en suspenso por «abuso sexual simple» tras haber manoseado a una mujer en el microcentro porteño el 20 de abril de 2017.