Mundo

Crece la presión internacional sobre Nicaragua por la detención de opositores


En tanto, el Gobierno de Ortega rechazó los cuestionamientos a las detenciones

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este viernes a su par de Nicaragua, Daniel Ortega que “juegue limpio” en las próximas elecciones del país centroamericano y libere a los opositores detenidos, la mayoría precandidatos a la jefatura de Estado, mientras la OEA anunció para el martes una reunión para analizar esa situación.

Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reveló en Twitter que conversó con su par argentino, Felipe Solá.

«Tuvimos una conversación importante hoy sobre los esfuerzos bilaterales, regionales e internacionales para promover la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Estados Unidos espera trabajar junto a la Argentina para avanzar estos objetivos compartidos en nuestra región.»

La Cancillería argentina confirmó el contacto, pero no dio detalles del contenido.

Sánchez, quien participó en Costa Rica de una reunión del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), eligió en una conferencia de prensa posterior dirigirse “personal y directamente» al presidente Ortega: «Que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra, en juego limpio y en buena lid, a ese proceso electoral» de noviembre, cuando debe elegirse mandatario, dijo.

Nicaragua: el régimen de Daniel Ortega ordenó detener al opositor José  Pallais - Infobae
José Pallais, uno de los detenidos

El jefe de Gobierno español dejó en claro que su postura es idéntica a la de la Unión Europea: “Firme defensa de los derechos, las libertades y los valores democráticos».

Y expresó que ve con “muchísima preocupación” lo que pasa en Nicaragua que, “por cierto, no es nuevo, sino que se viene arrastrando desde hace unos años».

Los conceptos están relacionados con la serie de detenciones de siete dirigentes opositores, cinco de ellos con aspiraciones de suceder a Ortega, todos por presuntas violaciones a la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aprobada en diciembre pasado por impulso del oficialismo.

La cuestión será discutía el martes por el Consejo Permanente de la OEA, en sesión extraordinaria y en formato virtual, a pedido de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.

Un proyecto de resolución presentado por esos países pide la «inmediata liberación» de los detenidos, así como la de todos los presos por motivos políticos en Nicaragua, reportó la agencia de noticias AFP.

En tanto, el Gobierno de Ortega salió en las últimas horas, a través de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, a rechazar los cuestionamientos a las detenciones.

«¿Cuántos de esos que dicen sentirse hoy perseguidos? ¿Perseguidos? Perseguidos por ellos mismos, por sus tropelías, por sus delitos. ¿Cuántos de esos puchos [poquitos] pueden decirse honrados? La honradez es una cualidad y un don de Dios», dijo Murillo, quien no puntualizó a quiénes se refería concretamente.

Nicaragua: Fiscalía involucra a periodistas en caso de lavado de dinero  contra Cristiana Chamorro | Voice of America - Spanish
Cristiana Chamorro

Los detenidos son el excanciller José Pallais; Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y la aspirante con más posibilidades de derrotar a una posible nueva candidatura de Ortega; y los también precandidatos Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García.

Además fueron detenidos el líder empresarial José Aguerri y la activista Violeta Granera.

Los arrestos generaron nuevas condenas y sanciones de Estados Unidos y otros países contra el Gobierno nicaragüense y personas vinculadas a él.

Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al Gobierno en 2007 como candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y fue luego reelecto dos veces. Todavía no anunció si buscará un cuarto mandato.

Fue acusado por la oposición, organizaciones de derechos humanos y parte de la comunidad internacional por la represión a las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados.