La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, creó una “Unidad Preventiva de Análisis para Funerales de Alto Riesgo Social vinculados al Narcotráfico”, con el objetivo de «prevenir y reprimir, en su caso, los delitos y contravenciones ocurridos en ese contexto».
La medida fue adoptada debido a las situaciones que se dan durante los entierros de narcotraficantes, donde, por ejemplo, los asistentes suelen despedirlos con disparos al aire.
A través de una resolución 906 que publica hoy el Boletín Oficial, Bullrich dispuso que la Unidad tendrá como funciones «determinar la vinculación del contexto con el narcotráfico; establecer un flujo de información para determinar nivel de riesgo y crear una matriz de riesgo de valoración de impacto».
Según se establece, esta Unidad definirá «un operativo policial» de acuerdo con «los resultados de la matriz de riesgo», elaborará «un informe de evaluación del operativo» y enviará «actuaciones a la autoridad judicial competente para el caso que se hayan cometido delitos o contravenciones».
La resolución instruye a los jefes de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria a «disponer áreas de apoyo dentro de sus respectivas Instituciones».
«En miras a reforzar la prevención y persecución de delitos vinculados al narcotráfico, resulta necesario desarrollar nuevas capacidades para contrarrestar las innovaciones producidas por las bandas narcotraficantes», dice la resolución.
Por ese motivo -dice- y «ante nuevas prácticas contrarias al orden público y la tranquilidad social, el Ministerio de Seguridad debe neutralizarlas de manera oportuna y eficaz».
La resolución precisa que «una de las prácticas en donde usualmente se cometen distintos delitos, tanto federales como ordinarios pero siempre vinculados al narcotráfico, son los funerales de aquellas personas que han sido parte de estas organizaciones criminales».
Por ese motivo se impulsa la creación de la “Unidad Preventiva de Análisis para Funerales de Alto Riesgo Social vinculados al Narcotráfico”, que calificará «la gravedad y magnitud de los hechos» y determinará «la vinculación del contexto con el narcotráfico», antes de la actuación preventiva de las fuerzas de seguridad.