Ariel Lijo detalló qué tiene que analizarse en los informes de la causa que investiga los negocios entre Correo Argentino y el Estado
Ariel Lijo detalló qué tiene que analizarse en los informes de la causa que investiga los negocios entre Correo Argentino y el Estado
El juez federal Ariel Lijo detalló este martes los puntos que deberán analizarse en el informe técnico-contable que ordenó en la causa en la que investiga si se cometieron delitos en la negociación de la empresa Correo Argentino S.A. al Estado nacional, en el contexto del concurso de acreedores de la firma.
El informe que realizará la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) deberá comparar «el valor del crédito del Estado nacional con el valor de la propuesta formulada por Correo Argentino S.A. y aceptada por los representantes del Estado nacional en la audiencia de junio de 2016», según consta en la resolución, a la que accedió Télam.
Con esa medida se buscará «determinar si existe una quita y, en su caso, estimar el monto de la misma», según consta en el mismo texto. Para llevar a cabo la comparación, el magistrado solicitó que «se informe acerca de los parámetros que deberían utilizarse a efectos de calcular los intereses que hubiese devengado dicho crédito hasta la fecha de celebración de la audiencia el 28 de junio de 2016″.
Con los puntos establecidos, el juez Lijo pretenden determinar si fue «abusivo» el fallido acuerdo al que habían llegado la firma Correo Argentino S.A. y los representante del Estado, tal como denunció la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin.
La medida fue ordenada en el expediente en el que están imputados -y ya fueron indagados- el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, el presidente del Correo Argentino S.A. Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la compañía Jaime Leonardo Kleidermacher.
La medida dictada por Lijo se originó tras un señalamiento de la Cámara Federal porteña, que había recomendado la «producción de estudios» para zanjar las diferencias entre los imputados y la fiscalía en relación a la deuda y el acuerdo alcanzado.
Los imputados habían cuestionado el dictamen de la fiscal Boquin, quien se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado -en el concurso de acreedores de la firma- al advertir que era desventajoso para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo.
Sobre ese punto, la Cámara Federal dijo: «Existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley».
Los cuatro imputados del caso fueron indagados en marzo por el juez Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien había dictaminado que los acusados son responsables de promover un acuerdo que incluía una «quita abusiva» en la deuda de la empresa postal con el Estado.
Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino S.A., y aceptada inicialmente por el Estado Nacional, había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.
El fiscal sostuvo que «se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa» que, mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados «obligaron abusivamente» a la Administración Pública «con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino S.A».