La incierta posibilidad de retirar de emergencia el propio dinero ahorrado para la jubilación generó cacerolazos y protestas de la ciudadanía. Se suma a los problemas para acceder a los bonos y créditos con tasa cero del gobierno.
Anoche, al mismo tiempo que se registraban las tímidas primeras lluvias de este otoño en Santiago, comenzaban a sonar cacerolas en diversas zonas de la ciudad. La razón fue el bloqueo por parte del gobierno de Sebastián Piñera al tercer retiro del 10% de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) impulsado por la oposición, vía Tribunal Constitucional. Uno de aquellos “inventos” de la Constitución de 1980 instaurada por la dictadura de Pinochet que siguen aún vigentes y que permite revisar e impedir el avance de determinados proyectos aunque fueran, como en este caso, ya aprobados por la Cámara de Diputados y actualmente se tramiten en el Senado.
El requerimiento de 142 páginas señalaba lo “inconstitucional” del retiro, ya que esta sería una decisión económica que sólo le corresponde al presidente. Una acción criticada incluso por parte del oficialismo, considerando que ya habían sido aprobado dos retiros anteriormente y que ha sido interpretado por algunos analistas como un grave error político o incluso un “disparo en los pies” del gobierno de Piñera, ya que podría provocar un nuevo estallido social como el ocurrido en octubre de 2019 que, además de obligar a la clase política a llamar a elecciones que terminaron con la aprobación del cambio de Constitución, sólo fue interrumpido por la pandemia.
A la mala situación económica de Chile, con una tasa de desocupación del 10,3, el auge de los empleos informales o el uso de apps de reparto de comidas como forma de generar recursos se suma un manejo de la pandemia que, a pesar de las vacunaciones masivas ya lleva 33.737 fallecidos. Así, la incierta posibilidad de retirar de emergencia el propio dinero ahorrado para la jubilación generó un malestar que trascendió las redes sociales y volvió a tomarse las calles pasadas las 20:00. También hubo barricadas, enfrentamientos con carabineros y ataques a comisarías de la comuna de Ñuñoa y Peñalolén.
Bonos insuficientes
Todo esto se suma a los problemas que ha tenido la ciudadanía para acceder a los bonos y créditos con tasa cero del gobierno, tan bajos como llenos de requisitos incluyendo demostrar la cesantía con finiquitos o contratos, sin considerar a los freelancers, trabajadores de la cultura o quienes han debido reinventarse en empleos informales. El caso más emblemático es el bono de 700 dólares donde la plataforma para obtenerlo no sólo estuvo caída, sino que rechazó a gran cantidad de ciudadanos sin explicar las razones.
La crisis económica en Chile es reconocida a regañadientes por el gobierno y la elite empresarial. Posiblemente por ser una señal de debilidad y que, además, contrasta con el optimismo del relato que Piñera y su equipo intentan construir en sus intervenciones televisivas. De hecho, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda señaló en la Radio Duna que “Ir al Tribunal Constitucional no es lo más grato, pero lamentablemente nosotros estamos obligados a hacerlo en este momento para poder cuidar las pensiones de los chilenos el día de mañana”.
Este supuesto afán por cuidar el futuro de los chilenos parece más un intento por mantener un modelo de negocios extremadamente rentable aún en pandemia. Recordemos que las administradoras de fondos de pensiones están vigentes desde la Dictadura de Pinochet y que permiten a privados invertir dinero, sin que los contribuyentes reciban beneficio alguno. Una de las instituciones más fuertemente cuestionada en el país que, se espera, debería cambiar en la nueva Constitución que comenzaría a trabajarse este año y cuyos redactores deberán ser elegidos este 15 y 16 de mayo.