Cinco detenidos por resonantes homicidios y asociación ilícita solicitaron el beneficio, que les fue negado
Al menos cinco presos de casos resonantes por homicidios y por asociación ilícita que habían pedido que se les otorgue el beneficio de prisión domiciliaria ante el peligro de contagio del coronavirus, recibieron hoy fallos judiciales que rechazaron sus planteos, por lo que continuarán en prisión, informaron fuentes judiciales.
Se trata de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, condenados a prisión perpetua por el denominado triple crimen de General Rodríguez, el ex empresario Horacio Conzi, condenado por haber asesinado en 2003 al joven Marcos Schenone en Béccar, y el ex juez platense César Melazo, investigado como sospechoso de liderar una asociación ilícita.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el Tribunal Oral 1 de La Plata rechazó otorgarles prisión domiciliaria a los hermanos Lanatta y a Schillaci, al considerar que si bien están dentro de la población de riesgo para contraer la enfermedad, en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, donde se encuentran alojados y cumpliendo la condena, no registra casos de Covid-19 «por lo cual el agravamiento de la detención deviene inexistente».
«El caso de Cristian es el más grave de todos. No tiene bazo, le funciona un solo riñón, tiene insuficiencia cardíaca y diabetes. Sabemos que si sigue en una celda común se muere sí o sí, es sólo cuestión de tiempo. Es decir, no está con una prisión perpetua sino con una pena de muerte», dijo el abogado Roberto Casorla Yalet.
Sin embargo, en la resolución, el juez Hernán Decastelli explicó que tras analizar los informes médicos y los informes presentados por el Servicio Penitenciario Federal, «no corresponde hacer lugar a las peticiones de las defensas».
«No se encuentra acreditado que exista en dicho establecimiento Covid-19, por lo cual el agravamiento de la detención deviene inexistente, puesto que configuraría una situación probabilística que podría darse o no a futuro pero que a la actualidad no agrava sus estados de salud de base preexistentes», dijo el magistrado.
En tanto, la jueza de Ejecución Penal 2 de San Isidro, Victoria Elías García Maañón, también desestimó concederle la domiciliaria al ex empresario Conzi, pese a que es un paciente de riesgo ante el coronavirus, y ordenó que mientras dure la cuarentena quede en aislamiento sanitario dentro del penal, informaron fuentes judiciales.
El 16 de marzo pasado la defensora oficial Patricia Colombo presentó un habeas corpus y un pedido para que por su afección cardíaca volviera a cumplir prisión domiciliaria, beneficio que el año pasado le fue revocado al comprobarse que salía de su casa.
El planteo de la defensa seguía los lineamientos de la resolución que el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, envió a todos los fiscales y defensores oficiales de la provincia para que requieran medidas alternativas al encarcelamiento para los presos que estén en los grupos de riesgo ante la pandemia del Covid-19.
Una fuente judicial vinculada al expediente explicó a Télam que en el fallo “la jueza reconoce el cuadro de salud de Conzi, pero en vez de enviarlo a su casa ordena que se lo aísle, no como medida de seguridad, sino como medida sanitaria, del resto de la población a los efectos de minimizar los riesgos”.
Por ello, el asesino de Schenone continuará cumpliendo su condena en la Unidad 48 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), aunque aislado del resto de los presos.
Por su parte, el juez de garantías 6 de La Plata, Agustín Carlos Crispo, también rechazó la morigeración de la detención para el ex magistrado Melazo, quien de esta manera continuará detenido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.
La defensa de Melazo había solicitado la domiciliaria porque se hallaba en la población de riesgo para contagiarse coronavirus.
Sin embargo, el magistrado consideró que «las patologías padecidas por el imputado se encuentran debidamente atendidas en su lugar de alojamiento», que «no se encuentra incluido dentro de las personas en situación de riesgo para el Covid-19» y que «se encuentra imputado por delitos especialmente graves», lo que impide que pueda acceder a ese beneficio.
Además, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) entregó un informe médico a Casación de la provincia en el que asegura que Melazo «no pertenece al grupo de personas vulnerable», ya que tiene 59 años y no padece ninguna de las patologías que hacen riesgoso a un paciente.
La Justicia ya había rechazado ayer otorgarles prisión domiciliaria al femicida Fernando Farré, quien degolló y apuñaló 66 veces a su esposa en un country de Pilar en 2015, y a una de las secuestradoras de Matías Berardi, asesinado durante su cautiverio en 2010 en Benavidez, luego de que ambos pidieran salir de prisión ante el riesgo de contraer coronavirus.