El establecimiento se encuentra clausurado tras desatarse un foco de contagio de coronavirus. Este viernes una paciente del lugar falleció por coronavirus
Las detenciones de los dos apoderados y la médica a cargo del geriátrico “Apart Incas” del barrio porteño de Belgrano, que fue clausurado esta semana tras desatarse un foco de contagio de coronavirus, fueron solicitadas este viernes a la Justicia por la querella que representa a un grupo de familias.
El abogado Ignacio Trimarco confirmó hoy a Télam que solicitó las detenciones de los apoderados y directivos de ese establecimiento, Hugo Visca y Luis Megyes, y de la médica a cargo, Carla Raffo; además de pedir nuevos allanamientos.
El pedido de detención considera a Visca, Megyes y Raffo responsables de los delitos de abandono de persona agravada por haber resultado un grave daño en el cuerpo y la salud de la víctima, y propagación de enfermedad peligrosa, previstos y reprimidos por los artículos 106, segundo párrafo, y 205 del Código Penal.
La presentación fundamenta que atento que la pena máxima que corresponde al concurso de dichos delitos supera los ocho años, además de que por la naturaleza del hecho, cometido en plena pandemia contra personas dentro de uno de los grupos de riesgo, no se admitiría la posibilidad de que accedan al beneficio de la condena condicional.
También solicitaron que se libren órdenes de allanamiento respecto de las oficinas que el Hogar de Ancianos Apart Incas SA posea, además de la sede de Avenida de los Incas 3093 de Buenos Aires.
El pedido alcanza toda la documentación que contenga información sobre las personas residentes en el establecimiento, registros de atención médica de las mismas, registros de empleados y si gozaron de licencia médica, registros de personas autorizadas a ingresar al establecimiento, tales como visitas y proveedores; todo ello desde el día 20 de marzo de 2020, fecha en que el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nro. 297/2020 que impuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Asimismo, toda documentación de la que surja las medidas de seguridad adoptadas desde el dictado de dicha norma, tanto en relación a los directivos, empleados, personal médico, visitas y proveedores, como en el caso de los residentes que salieran del establecimiento para visitar familiares y/o allegados y regresaran al mismo.
La evidencia secuestrada durante las seis horas de allanamiento realizadas en el geriátrico Apart Incas, del barrio porteño de Belgrano, fue sometida a un proceso de desinfección antes de ser analizada, dado que “estuvo expuesta al virus”, informaron a Télam fuentes de la investigación.
Durante el allanamiento al geriátrico, que el martes a la noche debió ser evacuado luego de que se detectaran 19 casos de coronavirus, se secuestraron computadoras, documentación vinculada a las personas allí alojadas (legajos, historias clínicas) y todo lo vinculado al personal que trabaja en el establecimiento (cantidad, licencias, horarios).
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Además, se secuestró “documentación respaldatoria sobre las autoridades (quienes eran, cómo era la división de responsabilidades, cómo se facturaba y quién), libros de visitas en el registro de intervención de autoridades de la salud y cámaras de seguridad”, según detallaron a Télam fuentes de la investigación.
El allanamiento, que duró 6 horas, fue realizado por miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y unos 20 agentes de la Policía de la Ciudad, por una orden emitida por la jueza Lorena Tula Del Moral, quien hizo lugar al pedido del fiscal Maximiliano Vence.
El fiscal Vence busca determinar cómo y cuándo se produjo el primer contagio de coronavirus dentro del establecimiento que albergaba a adultos mayores, y si las autoridades del mismo aplicaron los protocolos correspondientes para evitar la propagación del virus, o si se pudo haber producido un caso de “abandono de personas”.
También se buscará esclarecer si el geriátrico tenía protocolos establecidos, si el personal había sido capacitado para reaccionar frente a las posibles situaciones de contagio de la Covid-19 y si había recibido información pertinente por parte de las autoridades sanitarias porteñas.
Fuentes de la investigación señalaron a Télam que no se descarta que la acusación alcance también a autoridades del gobierno de la Ciudad, si es que se determina que desde Apart Incas se notificó la situación al gobierno porteño desde un comienzo y, aún así, se produjeron demoras en la activación de los protocolos correspondientes; aunque por ahora no hay imputados identificados en el expediente.
El fiscal Vence avanzó con la recolección de testimonios (por mail y videollamada) de los familiares de los adultos mayores que habitaban el geriátrico investigado.