El Ejecutivo Nacional había reclamado ayer que el máximo tribunal se declare incompetente, sin embargo la audiencia se desarrolló este miércoles. Por la falta de acuerdo, habrá un nuevo encuentro el 12 de mayo próximo
Este miércoles se llevó adelante la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema para resolver el conflicto de la coparticipación federal entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Concluyó al mediodía sin acuerdo.
La Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema decidió hoy posponer hasta el 12 de mayo la audiencia, para así propiciar un entendimiento sobre el reparto de impuestos coparticipables.
“Abierto el acto y luego de un intercambio de ideas se establece un cuarto intermedio y se fija un nueva audiencia para el día 12 de mayo del corrientes a las 11”, señala el acta de la audiencia, a la que tuvo acceso Télam.
A renglón seguido, el documento establece que “se suspenden los plazos procesales”, es decir, que no corren los 60 días que tenía el Estado Nacional para contestar la demanda iniciada por la administración porteña.
La reunión estuvo marcada por el fuerte momento de tensión que viven los gobiernos de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. En representación de la Ciudad concurrieron el procurador Gabriel Astarloa, el ministro de Hacienda Martín Mura, y el secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro.
Por el Estado nacional, fueron tres abogados del Ministerio de Economía que suelen litigar ante la Corte: Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson. En el medio estuvo un secretario de la Corte.
A través del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el gobierno intentó este martes que la Corte se declarara incompetente para entender en conflictos entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. El máximo tribunal rechazó in limine, es decir sin discutir los argumentos de la Procuración del Tesoro.
“El presente no es un caso sujeto a la jurisdicción originaria de excepción prevista por el artículo 117 de la Constitución Nacional, pues la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una Provincia conforme lo exige la norma”, dice la presentación que ingresó ayer a la tarde a la Corte con la firma de Zannini, del subprocurador Horacio Diez, y de otros dos abogados de la Procuración del Tesoro. Cerca de la medianoche, se conoció la respuesta de la Corte, que obligó a los representantes del Estado nacional a concurrir hoy a la audiencia.
La decisión del gobierno nacional de cuestionar la competencia de la Corte ocurrió apenas 24 horas después que el Máximo Tribunal decidió aceptar su competencia originaria ante la demanda de la Ciudad por el cierre de las escuelas. En esa causa, el Estado ya fue notificado y está preparando una respuesta. Tiene plazo hasta el lunes próximo.
Hace una semana, la Corte convocó a una audiencia de conciliación en el marco de la demanda presentada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por la decisión de Alberto Fernández de aplicar un recorte en los fondos de la coparticipación federal de impuestos y la posterior aprobación, en el Congreso Nacional, de la ley que podó $65 mil millones al presupuesto porteño, según las primeras estimaciones.
Los abogados de la Nación, en el encuentro, solo manifestaron que por el artículo 2 de la Ley 27.606, que regula la transferencia del sistema de seguridad a la Ciudad, la administración porteña “debe avenirse a dialogar”, según manifestaron fuentes presentes en la reunión.
Ese artículo prescribe que “el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad en el marco del convenio aprobado por el artículo 1° de la presente y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad”.
La audiencia comenzó media hora más tarde de los previsto, a las 11.30, y se extendió hasta poco más de las 13, en la redacción del acta y los intercambios informales de los representantes con el secretario letrado.
En septiembre del año pasado, la Ciudad concurrió a la Corte para solicitar una “declaración de certeza” en torno a la rebaja del 1,18 por ciento a la coparticipación porteña que aplicó la gestión de Alberto Fernández.
El actual gobierno justificó esa reasignación en el hecho de que esa alícuota había sido concedida por decreto en 2016 por el entonces presidente, Mauricio Macri.