El mandatario corondino volvió a criticar el accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación al montar una escena para cortar cintas en la nueva prisión federal
La reciente inauguración de la cárcel federal en Coronda, llevada a cabo en diciembre pasado, ha desatado una serie de críticas e incertidumbres que aún persisten a pocos meses del previsto arribo de los primeros internos, fijado entre abril y mayo de 2025. Entre las voces más críticas se encuentra la del intendente de la ciudad, Ricardo «Bachi» Ramírez, quien cuestionó duramente las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, durante el evento inaugural.
Ramírez expresó su desacuerdo con lo que calificó como una «puesta en escena» por parte de la funcionaria nacional. «Dijo todas mentiras que no hacían falta. Fue una puesta en escena. Tuve que salir a aclararlo porque me dejó muchos problemas en la ciudad. Yo estuve presente ahí y parecía que estaba convalidando eso», señaló en diálogo con Aire de Santa Fe.
Una de las mayores discrepancias radica en el perfil de los presos que se alojarán en la nueva cárcel. Según el intendente, el anuncio de Bullrich sobre la llegada de internos de alto perfil, con condenas de no menos de 15 años, contradice lo que se había comunicado previamente a la población local: que se trataría de reclusos próximos a recuperar su libertad.
A pesar de la inauguración, Ramírez advirtió que la cárcel federal aún no está en condiciones de operar adecuadamente. «La ministra hizo un teatro con los internos para marcar la dureza del gobierno, pero a los cinco minutos ya no estaban. Movieron más de 200 penitenciarios desde Buenos Aires para la foto, que a la media hora de que ella se fue ya no estaban más. Quedaron 28 o 30 penitenciarios. Una locura. Para mostrar nada», denunció el funcionario.
El intendente también destacó que la llegada de más de 300 familias de agentes penitenciarios a Coronda representa un reto significativo para los servicios públicos de la ciudad. Problemas como el manejo de residuos, el tratamiento de aguas cloacales, la provisión de agua potable y la seguridad en las áreas circundantes a la cárcel aún no han sido resueltos. Una de las necesidades más urgentes es la iluminación del acceso al penal desde la ruta provincial 64, un tramo de casi tres kilómetros que permanece a oscuras. Además, Ramírez solicitó la incorporación de nuevas cámaras de seguridad al sistema ya existente en la ciudad.
En el ámbito social, el arribo de estas familias también impactará en el acceso a la educación y la salud, sectores que, según el intendente, ya están desbordados. «Bienvenido sea porque va a mover la economía de la ciudad, pero también hay que tener un mapa de cada familia para ver dónde van a vivir, cómo será su acceso a la educación y la salud. Hoy tenemos desbordados los niveles primario y secundario», subrayó.
Saturación en las cárceles provinciales y cuestionamientos al proyecto federal
La sobrepoblación carcelaria sigue siendo un problema crítico en la provincia de Santa Fe. La Unidad Penitenciaria Provincial de Coronda, diseñada para alojar a 1.220 internos, actualmente alberga a 2.700, una situación que refleja la saturación generalizada en las cárceles y alcaidías provinciales. Según Ramírez, existen cerca de 700 presos federales distribuidos en toda Santa Fe, con 300 alojados en Coronda.
El intendente enfatizó que la cárcel federal debería servir para aliviar esta situación, pero cuestionó el anuncio de Bullrich sobre la llegada de presos provenientes de otras jurisdicciones. «Esta cárcel, ya que la hicimos en la provincia de Santa Fe y la vamos a padecer los corondinos, que sirva realmente para descomprimir la población penitenciaria y ese era el punto de la cuestión, no que lleguen presos de José C. Paz», señaló.
Ramírez aclaró que no está en contra de la instalación de la cárcel federal, pero insistió en que las obras pendientes y la seguridad de los corondinos deben ser prioridad. «Lo que quiero es que le brinden tranquilidad a los corondinos y que hagan las obras que necesitamos. Que tengan la seguridad necesaria de saber que tanto los internos como las visitas que van a llegar a la ciudad no van a complicar la vida diaria de nadie», concluyó.