El Órgano de Revisión Nacional (ORN) de la Ley Nacional de Salud Mental convocó a las autoridades nacionales y locales de todo el país a cumplirla de "manera plena y adecuada”.
El Órgano de Revisión Nacional (ORN) de la Ley Nacional de Salud Mental pidió por una «implementación plena» de la norma y que las respuestas para quienes sufren por el uso problemático de sustancias y sus familias «sean visibles y estén al alcance», en el marco de los 23 fallecimientos por el consumo de sustancias adulteradas en el conurbano bonaerense, informó hoy en un comunicado oficial.
A pesar de reconocer “los avances en la implementación” de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental (LNSM), el organismo advirtió que éstos “todavía resultan insuficientes” y convocó a “las autoridades nacionales y locales de todo el país a cumplir la LNSM de manera plena y adecuada”.
“Necesitamos que los dispositivos de respuesta ante el uso problemático de sustancias sean visibles, que las familias o allegados no tengan que buscarlos con una lupa”, expresó a Télam la secretaria ejecutiva del ORN, María Graciela Iglesias.
A pesar del “esfuerzo enorme por revertir los déficits que hay”, Iglesias aseguró que a las personas todavía “les cuesta mucho encontrar una respuesta porque no saben a dónde ir o incluso son rechazados en los hospitales a los que van”.
Sin embargo, la funcionaria aseveró que “el problema no es la ley”, que justamente busca garantizar “una red comunitaria de atención y de cuidados continuos”, y destacó que es necesario “visibilizar las herramientas concretas que se están creando para contrarrestar esta situación”.
Entre otros instrumentos, se encuentran la línea telefónica inmediata de la Sedronar que es el 141 y funciona las 24 horas, como así también las líneas del Ministerio de Salud a través de las cuales “se hacen derivaciones serias”.
Mediante un comunicado el ORN ratificó que «no se requiere una modificación de la Ley 26.657, sino su correcta y plena implementación» en todo el país.
“Lo que se necesita es saber a dónde ir y cómo hacer en estas situaciones y, además, que se le brinde atención, acompañamiento y orientación a las familias, que también lo necesitan”, aseguró Iglesias.
Asimismo, explicó que “no existe una respuesta unívoca” que dependa solamente del servicio de salud, del judicial o de las familias, sino que se trata de una respuesta “intersectorial e interdisciplinaria”, que no se reduce “a una internación cerrada”.
“A veces la respuesta es una internación y a veces no, porque encontrar el ‘por qué’ que necesita una persona para vivir es muy difícil y eso necesita mucho acompañamiento, que tiene que estar a la vista y al alcance de quien lo requiera”, agregó.
En los últimos días, a partir de los decesos y hospitalizaciones provocadas por la ingesta de droga adulterada, la ley de Salud Mental fue cuestionada porque “generaría limitaciones a la posibilidad de internar sin su consentimiento a personas por razones de salud mental y/o de consumos problemáticos de sustancias».
Frente a ello, el organismo recordó que las internaciones involuntarias están admitidas por la norma, la cual a su vez dispone de “mecanismos de control para evitar situaciones de abuso o vulneraciones de los derechos humanos de las personas usuarias».
En esa línea, indicaron que en los últimos nueve años la Secretaría Ejecutiva del ORN recibió «más de 30 mil comunicaciones sobre internaciones involuntarias en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires».
En el comunicado difundido, el ORN expresó que los reclamos de familiares y allegados de las personas con problemáticas de salud mental y/o consumo “fueron desoídos durante años” y que, en ese marco, la Ley de Salud Mental justamente busca brindar “garantía de atención y resguardo de los derechos de las personas en situación de consumo problemático de sustancias”.
Para ello, el organismo llamó a avanzar, tal como lo estipula la normativa, en el aumento de la inversión en salud mental hasta llegar al 10% del presupuesto en salud; en la creación de dispositivos de atención ambulatoria y de internación en todos los hospitales de la red pública; en la inclusión de las familias en los abordajes y en el fortalecimiento de las estrategias de prevención para evitar los consumos, de los tratamientos de rehabilitación y de las estrategias de reducción de daños.